Son muchas las reformas, de fondo y de forma, que necesita la Justicia española y hasta ahora los partidos, todos, han sido incapaces de ponerse de acuerdo ni en los mínimos, a pesar de que todos, incluidos los operadores jurídicos, coinciden en el diagnóstico. Todos los barómetros coinciden también en señalar que los ciudadanos tienen una mala opinión de la Justicia, pero no ponen en duda la independencia de los jueces. Las principales críticas no están en la actuación de los jueces sino en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y del fiscal general del Estado y, también, en quién debe instruir los procesos penales. Además, los ciudadanos deberían estar más preocupados de lo que están por las garantías del derecho de defensa y por cómo nos estamos cargando la presunción de inocencia, fundamental en un Estado de Derecho. Y también por el hecho de que nadie hace nada por acabar con las filtraciones interesadas y los juicios paralelos y que convierten a inocentes en culpables y a culpables en condenados antes de lo que dictamine un juez.
Pero con todo eso, y algunas cosas más, la inmensa mayoría de los jueces españoles son absolutamente independientes y cuidan su independencia con el máximo rigor. Ni se dejan presionar por los políticos de turno, si lo intentan, ni por los medios de comunicación ni por aquellos que intentan mediatizar su labor de cualquier manera. Existen intentos, claro que existen, y los jueces son hombres y mujeres normales -"estrellas" al margen-, pero están demostrando que cumplen su función: aplicar la ley. Creo que deberíamos ser mucho más respetuosos con ellos y que no deberíamos pedirles mucho más. Menos aún que acomoden las leyes a las necesidades políticas o que solucionen problemas políticos que ellos no han creado.
Hay muchas pruebas de su independencia en estas décadas democráticas. Por los juzgados han pasado desde un presidente del Gobierno a ex ministros, presidentes y consejeros de comunidades autónomas, gerentes de partidos políticos de todo signo, también comisarios y policías. Y los jueces han mandado a la cárcel a muchos de ellos sin importarles de qué partido eran o cómo se lo iba a tomar el ministro de Justicia de turno. No les han juzgado y condenado, en su caso, por ser de un partido o de otro sino por la violación de la ley. Ahora mismo, dos jueces, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, han tomado decisiones diferentes ante casos similares. Con absoluta libertad e independencia. Contra sus decisiones hay recursos y garantías porque nuestra Estado es garantista hasta la exageración.Pero nadie puede decir con argumentos jurídicos que hay presos políticos en España -ni antes con el terrorismo de ETA ni ahora con el independentismo catalán-. En prisión preventiva están políticos que han violado las leyes. Y en busca y captura, huido de forma cobarde, está un presidente de la Generalitat que era el máximo representante del Estado en Cataluña y, como tal, el primer obligado a cumplir las leyes que se ha saltado con premeditación y alevosía, incumpliendo sus obligaciones básicas. Si creemos en la Justicia, lo primero es respetar a los jueces y dejarles que hagan su trabajo libre y responsablemente. Y utilizar todos los recursos legales cuando discrepemos de sus decisiones. Es malo judicializar la política. Tan malo como politizar la Justicia.
