Opinión

Las veleidades nacionalistas del PSC han sido un problema para el PSOE

En mayo de 1999, en Barcelona, el propio Felipe González echó un capote a Maragall al afirmar que el federalismo ha de ser asimétrico, "porque si fuera simétrico sería homogeneizador y excluyente de la diversidad".  Pero añadió “que la aceptación de esa diversidad "vale para España y vale para Europa y que para que florezca en España sirve la Constitución vigente y dijo que es imposible creer que a las puertas del siglo XXI es posible construir una Europa sobre la base de 125 nacionalidades como defienden los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) y sus aliados. El Estado nación va a durar mucho tiempo porque es imprescindible”.
Las veleidades del PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña) con su cara nacionalista ha sido siempre un problema para el PSOE y lo que ahora vivimos se enmarca precisamente en la hipoteca que supone la necesidad de Sánchez de tener contentos a sus compañeros colaterales que encabeza otro de esos socialistas que al que no se conoce profesión, oficio u otra colocación que las derivadas del propio carné del partido, el bailarín Iceta. De este modo, el acercamiento del PSC al nacionalismo para no ser menos catalanes ha sido una constante que tantos problemas suscitó al PSOE en el pasado. Y sé de lo que hablo porque de ello tuve ocasión de hablar en su día con uno de los principales dirigentes del PSOE en la época de Felipe González. 
Se atribuye al PSC la función de gran telonero que ha animado a Sánchez a caer en manos de Torra. Basta seguir la secuencia de lo que se vino diciendo y haciendo, desde que la camarada Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, y partidaria de otorgar a los catalanes el derecho a decidir si quieren seguir siendo españoles, se manifestó a favor del indulto a los políticos presos con enorme premura temporal, pero inequívoco mensaje.
En su día, el PSC presentó en el Parlament una propuesta de organización territorial del Estado que rompía la costuras del propio marco que, al menos hasta ahora, mantenía el PSOE y se alejaba de la propia  de la Declaración de Granada de 2013, firmada también por el PSC, que resume la doctrina oficial socialista sobre organización territorial de España, con alguna, por cierto, ocurrencia que parece un brindis a Zapatero (“Apoyaré el Estatut que salga del Parlamento de Cataluña”), al proponer nada menos que sustraer al Tribunal Constitucional la competencia de examinar un estatuto votado y refrendado como lo fue el apadrinado por Zapatero en 2006, aunque se saliera de la Constitución.
La Declaración de Granada propone un nuevo pacto para reformar la Constitución para convertir a España en un estado federal, que reconozca las particularidades de los diversos territorios, pero sin privilegios añadidos. De todos modos, se hacían concesiones discutibles. Los catalanes insistían en que en"un Estado federal integrado por diversos entes federados que adoptarán la denominación e instituciones que prefieran". La propuesta sitúa al mismo nivel al Estado central y a los "entes" autónomos a la hora de la resolución de conflictos y que en una futura Constitución se flexible con  las opciones políticas y legislativas propias de cada uno de los entes federados. Para Cataluña, los socialistas exigían que quedara constancia de que los "derechos históricos son el fundamento de su autogobierno". Todo este proceso debería concluir con la convocatoria de un referéndum en todo el país. 
Durante el interín en que el asturiano Javier Fernández, presidió de la gestora del PSOE, tras la renuncia de Sánchez, tuvo que vérselas con la levantisca posición de sus camaradas de Cataluña. En marzo de 2017, tras cuatro meses de negociaciones entre Iceta y Fernández, el PSOE comunicaba oficialmente “El PSOE definirá la posición del Partido Socialista de Cataluña (PSC) sobre el encaje de Cataluña en España por tratarse de un asunto “de naturaleza o relevancia constitucional” y también marcará la pauta al partido catalán en asuntos que “excedan el ámbito territorial de Cataluña”. Así figura en el protocolo de relación entre ambos partidos que discutirán por separado la ejecutiva del PSC y la gestora del PSOE. En el texto revisado se fija una relación marcadamente federal, con autonomía y lealtad mutua”.
Y un añadido: La declaración de Granada dice, entre otras cosas: “Igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en el que residan. Sí a los legítimos hechos diferenciales, no a los privilegios o a las discriminaciones”. Pues a ver.

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