Vivimos en una crisis política que, desde 2016, se va haciendo endémica. Con un funcionamiento deficiente de los ejecutivos -no hablo solamente, aunque también, del de Pedro Sánchez--, con alarmantes irregularidades en el Judicial. Y tampoco el Parlamento desarrolla su labor a plena satisfacción. No, no hablo del Parlament catalán, que es obvio que está paralizado, y más tras la oficialización de las diferencias, ya conocidas, en el seno del independentismo (tampoco es que el constitucionalismo ande demasiado unido, pero esa es otra cuestión); hablo del Parlamento español, de las Cortes generales, que, semana tras semana, se van enlodando en debates insustanciales apoyados por un reglamento que hace muchos años debería haberse reformado.
Pero, como decía Pompidou, la pereza es un elemento motor de la humanidad, y nunca mayor pereza que la de la sesteante clase política española a la hora de emprender un proceso reformistas, trátese de la Constitución, de los códigos con un siglo de edad o de los propios reglamentos de las cámaras legislativas. El regeneracionismo en nuestras formas democráticas brilla por su ausencia.
Y, así, presenciamos sesiones de control y de comisiones de investigación que apenas sirven para mostrar la eventual mala educación de algún diputado, o el exabrupto de tal o cual senadora. El Ejecutivo de Pedro Sánchez va por su cuarto mes sin afrontar comparecencias serias por ejemplo en un debate sobre el estado de la nación, que ya se va echando no poco de menos. Las reprobaciones y peticiones de dimisión de tal o cual ministra -hablo muy particularmente de la de Justicia en este caso- se reciben como el que oye llover. Y eso, claro, el rechazo a la constatación parlamentaria de que algo va mal en el Ejecutivo, va redundando no sólo en la parálisis del propio Ejecutivo, sino en la percepción generalizada de que, en el fondo, el Parlamento, que debería ser el arquitrabe de toda democracia, no sirve de casi nada, aparte de una plataforma de griteríos.
Hablamos de la obvia finalización, de hecho, de la Legislatura catalana, aunque el president de la Generalitat -tampoco quien maneja los hilos desde Waterloo- no quiera enterarse. Pero, a mi entender, también la Legislatura nacional está acabada de hecho, más allá, incluso, de que Pedro Sánchez escenifique la ceremonia del entendimiento con Pablo Iglesias para lograr aprobar los Presupuestos, lo que ya se verá. Y más allá, desde luego, de que, algo tramposamente, diga que no quiere comparecer ante la Cámara Alta para explicar algún asunto embarazoso porque, dice, con su ausencia quiere `prestigiar` a esa Cámara, que todo el mundo sabe que tiene que reformarse a fondo, o quizá hasta desaparecer, dada su inoperancia.
Sobre las vacilaciones en el poder Judicial, el tercero de los delimitados por Montesquieu, preferiría, por los límites de espacio de este artículo, no entrar en detalles. Baste decir que, en mi opinión, el anterior Ejecutivo concedió excesivo poder `político` a los magistrados, judicializando la política. Me preocupa que haya quien insista en que son los jueces los que están estabilizando la `cuestión catalana` cuando, en mi opinión, los intereses del Estado no pasan precisamente por el actual estado de cosas, incluyendo una prisión preventiva que se prolonga demasiado para los golpistas -sí, golpistas- de octubre del año pasado.
Mal asunto cuando hay que constatar que todos los poderes clásicos, que deberían funcionar a pleno rendimiento y armónicamente en pro de la modernización y perfeccionamiento democrático del país, están no solo mal engrasados, sino que los engranajes entre ellos saltan y rechinan. Y lo peor, sabe usted, es que nadie parece dispuesto a aceptarlo abiertamente y menos aún a poner remedios.
