Dicen que el Parlamento de Cataluña es soberano. O sea, que puede, decidir lo que quiera: la toma de la Bastilla, declarar la guerra a Andorra o la independencia de Cataluña. Por acordar, puede acordar lo que le apetezca. Pero vamos a ser un poco más serios y no seguir haciéndoles el juego a estos padres fundadores de la nada.
El parlamento de Cataluña posee unas competencias tasadas, dentro del Estatuto y de la Constitución. Y se acabó. La plena legitimidad y la absoluta legalidad pertenecen al Estado de Derecho configurado y definido por nuestra Constitución. Como se dijo en su día a casi nadie nos gusta del todo, pero a la mayoría nos gusta bastante. Pero puede ser un parlamento creativo que, en uso de su plenitud soberana, acuerde válidamente por mayoría lo que les venga en gana. Están en ello.
¿De dónde sale, con qué fundamento jurídico, se puede sostener que si se rompecon la legalidad de la que es en sí mismo consecuencia,el parlamento autonómico asume o adquiere otra distinta. Otra legitimidad, ¿otorgada por quién? ¿Acaso por la mayoría de los españoles que tienen vecindad civil en aquella comunidad (insisto en que los catalanes no son otra cosa)? Pues no parece que se de eso. Pero se pretende y si no, se disfraza.
Cataluña no figura entre los territorios a los que la comunidad internacional reconoce el derecho a la autodeterminación, porque no es un territorio sometido por nadie, sino una parte de una nación soberana. Ni el Estado permitiría, ni creo que nadie (salvo Gibraltar y Biafra) se atreverían no ya a reconocer, sino e interferir la secesión unilateral de una parte de un estado soberano, miembro de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Que no sueñen. ¿A qué vienen esas ensoñaciones con pretensiones de dictamen, augurando que la rebelión de una parte de Cataluña hallará valedores que la apuntalen frente al Estado que debe cercenarla y reconducirla?
Y hay que aplicar la ley, esa Constitución que se quiere ignorar desde instituciones que de la propia Carta Magnaemanan; pero sin miedo, con plena responsabilidad. Que el Estado se defienda cree nuevos enemigos de ese Estado es una sesgada interpretación para llevar al agua a otros molinos. Que el Estado se defienda debe confortarnos, no todo lo contrario. Además, ¿es que cabe otra cosa?
Si hasta los nacionalistas vascos han advertido que un Estado no se improvisa y menos por esa vía.
Se ha dicho que “la legitimidad es la justificación ética del origen del poder, del ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o de cualquier otro acto de la autoridad pública”. Y conviene recordar que sólo el poder legítimo obliga a la obediencia, pero no el ilegítimo no. Pero, ¿qué otorga legitimidad al poder? ¿Qué genera para los ciudadanos la obligación moral de obedecer?
Nos enseña Duverger que legitimidad es en sí misma una creencia final que depende estrechamente de las ideologías y de los mitos extendidos en la sociedad: “Cada ideología trata de definir la imagen de un gobierno ideal. Considera como legítimos los gobiernos que se acercan a esta imagen, siendo ilegítimos los otros”. De tal modo, que podemos encontrar legitimidades para todos o, lo que es lo mismo, justificar todas las legitimidades.
Los juristas contribuyen a esta mixtificación, frecuentemente de manera inconsciente, al considerar que las cosas se desarrollan desde el ángulo de la teoría y no desde la práctica. Dicen que las leyes son la expresión de la voluntad general, mientras que en realidad no es más que la de una asamblea elegida con tales o cuales condiciones, que incluso pueden llegar a falsear la expresión de la opinión pública. Parece que pensara en el actual parlamento de Cataluña.
Si una parte de la sociedad catalana quiere separarse de España tienen un camino: promover la reforma de la Constitución y convencernos a los demás. Y sus panegiristas de por aquí lo saben.
