Que se quede allí

Que se quede allí

Que yo sepa, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein no tiene competencias sobre el Reino de España, como parece que quieren convencernos los que escriben alborozados, al interpretar que el hecho de que se haya rechazado que Puigdemont hubiera incurrido en lo que en Alemania se entiende como delito de traición, para rechazar la  petición de extradición por este motivo, obliga a España a retirar la acusación. Y nada de eso. Y ya puestos, yo espero que tampoco entiendan que hubo malversación de caudales públicos. Que se quede allí.
Es perfectamente coherente que los mismos que tergiversaron los hechos, adobando con fantasías jurídicas que los partidos políticos independentistas y la parte de la vecindad civil de Cataluña que se rebelaron contra la Constitución y el Estatuto en vigor ejercieron el derecho de autodeterminación –que nadie les reconoce- para liberarse del yugo colonial de España digan ahora lo que dicen. Como que fue el Gobierno, al aplicarles el artículo 155 en defensa de la legalidad constitucional, quien dio un golpe de Estado, en lugar de dejar que se consumara la, según confesión posterior, declaración de la república que en realidad era una simulación intrascendente.
Aburre francamente tener que recordar lo repetidamente conocido, el modo en que gestó la rebelión, la previsión de todos los pasos que se dieron para que el nuevo estado asumiera las competencias plenas como nación soberana. Se pensó en todo, hasta en la huída de los conjurados y se trazó con precisión lo que pasaría si el Estado reaccionaba provocando la foto de las cargas policiales contra el pacífico pueblo que sólo quería votar en un referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional. 
Y a todo esto, uno se pregunta cuál sería la calificación que Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein aplicaría a hechos semejantes en su propia jurisdicción territorial para considerar que sí hubo los delitos de los que se acusa a Puigdemont y a los suyos. Claro que hubo violencia, inducida y generada por la propia estrategia pautada del proceso y hostigamiento, coacción y otras formas nada sutiles contra el Estado y sus representantes en cuanto ejercían el deber de actuar como policía judicial e investigar el alcance de la propia sublevación, lanzada, alentada y consumada por la Generalitat y el propio Parlament.
Es evidente que la resolución alemana es un revés para el interés inmediato de España de poder someter a juicio a Puigdemont y a los suyos conforme nuestro Código Penal, en tanto que si España aceptara su entrega sólo podría ser juzgado por los hechos que el país donde se encuentra considere delito. Pero caben otras alternativas, incluida la de dejarlo donde está, lo que en todo caso desactivaría –aunque siga atacando a España- que pueda aspirar al desarrollo de ninguna clase de política efectiva en Cataluña.
Y mientras, La Vanguardia del Conde de Godó recoge con entusiasmo la propuesta de que este asunto interno de España se solvente a través de una mediación alemana, europea o internacional. El asunto catalán no precisa la mediación de nadie, y no cabe solución alguna fuera de la Constitución. ¿Qué idea tienen todos estos de lo que es la soberanía nacional?
Es una incongruencia que, en el caso de Puigdemont, el máximo tribunal de Schleswig-Holstein establezca que, aun siendo instigador del referéndum ilegal de 1 de octubre y corresponsable de los actos de violencia que se han registrado en el proceso, éstos no han sido capaces o suficientes para hacer claudicar el orden constitucional. Menos mal. Para calibrar la tipificación de un delito en todo el mundo civilizado, se atiene a dos cosas fundamentales: los medios empleados y, sobre todo, el resultado buscado. Aparte que sí hubo violencia, el resultado estaba claro. Y ahora sólo falta que nos digan que no malversó caudales públicos en un proceso ilegal.