Profesores universitarios defienden la solvencia de la democracia española

Profesores universitarios defienden la solvencia de la democracia española

Profesores de Derecho Constitucional y Derecho de la Información y otras ramas y especialidades estamos suscribiendo extensa carta al presidente de la Unión Europea, en la que de manera detallada se sale al paso de las mentiras y manipulaciones de los independentistas de Cataluña, recogidas por los medios que le son afines, y que han servido de base a una carta de apoyo a la secesión de Cataluña, y para criticar a los jueces, Gobierno y fuerzas de seguridad del Estado de España de vulnerar los derechos humanos y las normas de convivencia en Europa. Se trata del escrito de diversas personalidades, diputados e intelectuales europeos que daban por buenas todas las falsedades que sostienen de manera repetida el discurso de los secesionistas, acusando a España de no ser un país democrático. La carta (en inglés) de respuesta ha sido redactada por los profesores Francesc de Carreras y Josu de Miguel. Ambos prestigiosos investigadores y docentes de la Universidad autónoma de Barcelona.
En la respuesta a la carta de apoyo a los secesionistas (firmada entre otros por Gustavo Zagrebelsky, Judith Butler, Philip Pettit, Nancy Fraser, Toni Negri, Étienne Balibar, Arjun Appadurai, Boaventura de Sousa Santos y Yanis Varoufakis), se señala que el contenido de la misma revela un agudo desconocimiento de la realidad española y de lo que está pasando en Cataluña.
Ante tales falsedades, los redactores de la carta desmontan punto por puntos las mentiras. Desde el falso e ilegal referéndum, sin la menor garantía desde la propia óptica de quienes lo convocaron y el propio proceso de su convocatoria en el Parlament, fuera del contexto de la Constitución española y sin la menor posibilidad de respaldo en cualquier norma internacional para sostener un inexistente derecho a la autodeterminación.
La respuesta es muy detallada y minuciosa explicando el orden legal que establece nuestra Constitución y el modo en que fue vulnerada y especialmente contundente frente a la acusación de que el Gobierno y el Poder Judicial habían violado los derechos fundamentales de los catalanes y los tratados internacionales. En ese sentido, se apuntan que los firmantes de la carta de apoyo a la secesión hacen alusiones genéricas, pero no detallan cómo y que normas se han violado en España.
En la carta de los profesores se relatan minuciosamente el carácter de las manifestaciones de los secesionistas y se detalla lo ocurrido en torno al edificio donde por orden judicial los agentes de la Guardia Civil llevaban a cabo una acción indagatoria, cuando fueron cercados por las masas que dirigían los ciudadanos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
También se responde a las falsedades, fotos preparadas, exageraciones, mentiras en torno a la ejecución por parte de la Policía y Guardia Civil de las órdenes cursadas por las autoridades judiciales para impedir la celebración del referéndum suspendido. Y se recuerda que fue la falta de acción de los mossos d´esquadra, pese al compromiso de sus mandos de cumplir las resoluciones judiciales lo obligó a movilizar a las fuerzas de seguridad del Estado.
Y frente a la mentira de que dicha intervención generó 900 heridos, se señala que, en contra de lo que se ha pretendido a entender, “la verdad es que el uso de fuerza física era muy limitado. La prueba de esto es que sólo cuatro personas fueron a hospital. Pero en cambio se hicieron circular fotos falsas y de otros acontecimientos, para mostrar la brutalidad policial, dentro de la campaña de propaganda orquestada por las organizaciones de independencia en combinación con el propio gobierno catalán. 
Y añaden: “Específicamente puede afirmarse que durante los meses de septiembre y octubre, las autoridades de la Comunidad Autónoma de Catalunya actuaron con desprecio abierto de la Constitución”. Y además, se emplearon fondos públicos para financiar todas las actividades independentistas, contrarias a la Constitución. Y se puso en marcha una campaña para acusar el gobierno central y los tribunales de actuar fuera de los estándares legales en la Unión Europea como los Tratados de la Unión europea y en la Convención europea en Derechos Humanos, cuándo, de hecho, los que actuaban fuera de la ley eran las propias autoridades catalanas, como parte de un desafío permanente contra el Estado iniciado en 2013.
Frente a todo esto, al Gobierno, con el apoyo de los partidos constitucionalista, tras haber hecho llamamientos para que se rectifica, la precipitación de los hechos el 27 de octubre, con la pretendida separación de Cataluña de España y la sustitución del orden constitucional por otro, no quedó otro remedio que aplicar el 155 de la Constitución, disolviendo el Parlamento catalán y llamando elecciones para 21 diciembre. 
La carta concluye que pese a cualesquiera afinidades ideológicas que pueden ser despertado por el la pretensión de los secesionistas de fracturas España, “consideramos que por restaurar orden constitucional en Catalunya por aplicación de Artículo 155 de la Constitución española, las autoridades españolas también están garantizando el mantenimiento de la Ley dentro de la UE”.