La pretensión del PP de privatizar un espacio esencial, de determinante contenido histórico añadido, en la bahía de A Coruña, no es en realidad nada nuevo que se aparte de la política de este partido con respecto al uso y posesión del litoral español, a partir de su reforma de la Ley de Costas de 1988, que aprobó en solitario en 2013 y que supuso la legalización de golpe de 10.000 viviendas que ocupaban el espacio de dominio público marítimo-terrestre, la reposición de los privilegios en algunas famosas marinas y, quizá lo peor de todo, la entrega a ocupantes extranjeros de espacios públicos, ocupados por sus residencias en las costas de Andalucía, Cataluña, Levante y los dos archipiélagos.
Para que se hagan una idea vamos a poner dos ejemplos prácticos de cómo era la situación dentro del municipio de Vigo: la isla de Toralla y la llamada Finca Mirabel. En el primer caso, durante años, los propietarios de residencia en esta isla, unida a tierra por un puente, disfrutaron en solitario, pese al carácter público, que con carácter general tienen los arenales, de las playas de dicho enclave. La Ley de Costas de 1988 permitió recuperar el acceso público y el acceso a pie por el puente, construido sobre el mar; es decir, espacio público, hasta entonces cerrado salvo para los residentes.
El caso de la finca de Mirabel es peor. Al propietario de una finca al lado del mar se le concede en época lejana una concesión teóricamente para fines relacionados con la explotación del mar, sobre el espacio marítimo-terrestre, que de facto, une a la finca de su propiedad. Vende el conjunto (finca y espacio de la concesión) a un testaferro en escritura privada e inmediatamente recompra la finca ampliada en escritura pública. Hoy el conjunto es parte del patrimonio del municipio de Vigo, que fue adquirido, en lugar de pleitear, por el 70 millones de pesetas, siendo alcalde Manuel Soto.
El PP se pliega ante el interés extranjero
En la reforma de la Ley de Costas, aprobada por el PP en 2013 en solitario, gracias a la mayoría absoluta de que entonces gozaba, la derecha española se plegó a las presiones de los extranjeros (sobre todo ingleses y alemanes) con propiedades al borde del mar en Andalucía, Baleares y Canarias, quienes a través de los lobbies que operan en el Parlamento Europeo lograron que éste se ocupara del asunto, interfiriendo una competencia exclusiva de la soberanía española a favor de los intereses de quienes habían adquirido viviendas ilegales, en cualquier caso, en el “boom” urbanístico, en su caso promovido desde el propio Reino Unido, en la costa española, aparte de las presiones de los dueños de alguna de las marinas de lujo en Cataluña y otros lugares del litoral español, asimismo beneficiados por la reforma.
Como si España fuera una suma de parcelas, el Gobierno del PP aplicó trato distinto según qué área del litoral, de modo que le propio Tribunal Constitucional tuvo que corregir la barbaridad que se cometía en la isla de Formentera. Pero no fue el único caso.
El caso es que 10.000 viviendas han quedado excluidas del dominio público marítimo terrestre, en atención al interés de, según los interesados son entre 200.000 y 400.000 personas (notable diferencia que Green Peace reduce drásticamente); es decir que se sacrifica en su interés la propiedad común de casi 47 millones de españoles para entregarles, prácticamente a perpetuidad, una parte del territorio nacional, dada la ampliación de las concesiones en 75 años más a una serie de beneficiarios, buena parte de ellos extranjeros. Las casas situadas sobre el hasta ahora dominio público podrán ampliarse, venderse (hasta que llegó el PP estaba prohibido) o reformarse.En general, las concesiones de 30 años de uso del dominio público, con la anterior ley, eran ampliables a 60; pero el PP añade 15 años más; es decir, tres generaciones en total. Ahí queda ese regalito para la historia.
Claro que se argumenta que los ingleses y alemanes (o los rusos con fortunas de dudoso origen en la costa de Cataluña), compraron sus “propiedades”, de “de buena fe” sin que el notario ni el banco ni nadie le advirtiera de que podía estar en dominio público. Cuando entró en vigor la Ley de 1988, que el PP ha reformado, descubrieron que no podían venderlas. Muchos de los afectados extranjeros -británicos y alemanes, principalmente- se movieron en sus países y llevaron sus quejas al Parlamento Europeo, al tiempo que el Reino Unido y Alemania arremetían contra un acto de soberanía del Reino de España.Y la derecha, se plegó ante el hecho insólito de que estos y otros extranjeros y españoles registraran como propios terrenos aledaños de sus fincas que eran espacio público.
Greenpeace fue una de las voces que pusieron las cosas en claro y redujo el número de afectados de modo elocuente. Los verdaderos afectados somos más de 46 millones y medio de españoles, no los ricos que viven en las marinas exclusivas.Pero puestos a reformar, la derecha no se paró en barras y redujo el deslinde en la isla de Formentera, “debido a la especial configuración geológica de la misma”. Nada menos que el propio Tribunal Constitucional declaró reforma no ajustada a la Constitución este caso, al estimarque la reducción de este dominio marítimo-terrestre no estaba justificada para explicar por qué recibe un tratamiento distinto del resto de las islas Baleares.
Pero sí quedaron excluidos del dominio público 10 núcleos de población que por su situación entrarían dentro de la definición de la zona pública. Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platjad´Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia),(Y también, por cierto, el término municipal de Moaña, en la ría de Vigo, pero este caso tiene otro carácter histórico).
Solamente entre 1987, antes de la Ley de Costas del 1988, y 2005, las urbanizaciones engulleron el 23% de la costa a un ritmo de dos hectáreas diarias (equivalente a dos campos de fútbol) en la franja de los primeros 500 metros de litoral, según el informe “Destrucción a toda costa 2013”, que Greenpeace elabora cada verano desde hace unos años para advertir sobre la progresiva urbanización a la que se ve sometido el litoral español.
