Podemos pretende legalizar la venta ambulante de productos falsificados

Podemos pretende legalizar la venta ambulante de productos falsificados

Desde la Ley de la Propiedad Industrial a la de Marcas, desde la Ley de Propiedad Intelectual a los convenios internacionales de los que España es signataria en ese ámbito, ningún estado moderno puede ignorar que no es posible convertir en legal la venta de falsificaciones. Se acusa a España de ser especialmente tolerante. Según datos de la Cámara de Comercio de Madrid y la Asociación Nacional de Defensa de la Marca (Andema), uno de cada seis consumidores españoles admite comprar falsificaciones a pesar de conocer que lo que adquieren no es auténtico. En otros países, como Francia, se multa a los compradores. 
La portavoz adjunta de la ejecutiva de Podemos y secretaria de participación, Noelia Vera, denunció  que su partido se siente perseguido por su postura solidaria con los manteros senegalés tras los disturbios en barrio madrileño de Lavapiés y, en el mismo sentido anunció el registro en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley para despenalizar la venta ambulante y poner fin a la "criminalización sistemática" que, a su parecer, sufre el colectivo de los manteros por "buscarse la vida".  Esta proposición de ley, se llamará 'Sobrevivir no es delito'.
Los manteros senegaleses venden esencialmente artículos falsificados, fabricados en China o Marruecos, entre otros. La venta ambulante está regulada, pero no es posible regular el top manta como el comercio legal a causa de sus productos. La venta ilegal es la única forma de subsistencia para miles der personas. El problema humano tiene difícil solución.
Las cifras de las falsificaciones
Según datos de la de la Asociación Mundial de Consumidores (WCO), el mercado de las copias, sólo de la moda y sus complementos mueve unos 600.000 millones de euros al año. La gran factoría que mueve ese mercado está esencialmente en China o Marruecos; pero también en otros lugares del mundo, pero a más reducida escala, como Portugal o la misma España. A veces, la mercancía ilegal es enviadas bajo falsos manifiestos a grandes puertos de Europa y distribuida posteriormente a los mercados elegidos. Es decir, pueden hacer escala en Francia, Reino Unido u Holanda.
Según datos del Ministerio del Interior, al año se incautan en España del orden de los 10 millones de objetos falsificados, valorados en unos 700 millones de euros, pero se reconoce que apenas representa una mínima parte del negocio de la falsificación industrial. China envía a diario contenedores de estos productos que ya cuentan con su propia red distribuidora, con intermediarios diversos. Del total de productos aprehendidos, siete de cada diez están protegidos por propiedad industrial —juguetes, electrónica, textil, calzado, complementos, cosméticos o relojes— mientras que los otros tres, a la propiedad intelectual: cds, dvds, o material reprográfico.
Las falsificaciones y réplicas de todo tipo de productos que los manteros senegales y otros colectivos venden en nuestras calles provocan una competencia con pequeños negocios y tiendas legales, por lo general de autónomos, que pagan impuestos, la seguridad social, el impuesto de radicación y las tasas municipales. Las normas sobre marcas y comercio internacional obligan a España a perseguir esta actividad. Pero todos somos cómplices cuando adquirimos estos productos. El problema de los colectivos de emigrantes extranjeros habrá que resolverlo de otro modo, pero no tolerando una actividad ilegal que crece cada día más.
Hay falsificaciones especialmente peligrosas, como la de juguetes. El Instituto Galego de Consumo tiene un museo de los horrores, de objetos retirados de los bazares orientales. Los plásticos quebradizos de algunas piezas se convierten en armas mortales, y las pinturas y recubrimientos contienen puro veneno que, dada la tendencia de los bebés de llevar todo a la boca, pueden producirles la muerte. Además, los productos chinos siguen sin cumplir los estándares de calidad que exige la Unión Europea y el conjunto de normas de protección de los consumidores.
España, como miembro de todas las organizaciones, convenios y entidades que persiguen la piratería está obligada a impedir estos negocios ilegales, lo que ya obligó a cerrar el viejo mercado vigués de “La Piedra”, tradicional y tolerado mercado de diversas labores y géneros de contrabando, señalado hasta en los Estados Unidos como uno de los focos mundiales del fraude comercial. Pero apenas unos metros, los manteros senegaleses vendían los mismos productos sin ser molestados. Ahora “La Piedra” se ha reconvertido. Menos típica, pero más legal.