La turbiedad de algunos negocios relacionados con la Casa Real o con personas de la misma tiene en España dos claros antecedentes: La vida de la última esposa de Fernando VII, María Cristina de Borbón, y los negocios de Alfonso XIII y sus edecanes en la etapa final de su reinado, principalmente.
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias es un mal ejemplo para su descendencia. O un ejemplo imitado, según como se mire. Enamorada perdidamente del guardia de Corps Fernando Muñoz, caso en secreto y empezó a echar hijos al mundo. Negociantes natos ambos, no debe de haber negocios de la época en los que no metieran mano, sin hacer escrúpulos al comercio negrero, además de la sal y los nacientes ferrocarriles.
Pero hay otro antecedente más cercano en la línea de los negocios de Urdangarin.
Cuenta Vicente Zabala en su investigación sobre el patrimonio de los Borbones, que el de Alfonso XIII, se fraguó desde su nacimiento hasta 1902. Y añade que en 1931, el patrimonio superaba los 44 millones de pesetas (92,14 millones de euros actuales), según el desglose de sus cuentas presentado a las Cortes el 7 de diciembre de 1932, cuando se confiscaron sus bienes por enriquecimiento ilícito.
Según un informe elevado al Tribunal Supremo el 6 de diciembre de 1933 por Mariano Luján, titular del juzgado número 10 de Madrid, se inició un proceso en el que se acusaba a, entre otros, el Rey y a su fiel Jacobo Stuart, duque de Alba de «lucrarse con apuestas cruzadas en las carreras de galgos» así como de un delito de estafa y malversación.
Este es el asunto más que escabroso que nos conecta con las andanzas de Urdangarin, cuyo socio Diego Torres afirma que la propia Casa Real conocía, tutelaba y animaba sus negocios.
Relata Zavala que en 1929 se creó el Club Deportivo Galguero español, una sociedad sin ánimo de lucro para fomentar el galgo español, por lo que el general Primo de Rivera le otorgó la explotación exclusiva de las carreras de galgos y las apuestas mutuas. En realidad, el club deportivo derivaba los beneficios a la sociedad Liebre Mecánica y Stadium Metropolitano (en cuyo accionariado constaba el monarca representado por Carlos Mendoza). Y sigue: “Desde 1930 hasta la prohibición de las carreras apenas un año después, la camarilla encabezada por el marqués de Villabrágima, que había importado de Inglaterra los galgos más veloces, obtuvo un beneficio equivalente a 6,18 millones de euros y vendieron la sociedad al promotor Enrique Zimmermann, que pagó 12 millones de euros de hoy por el subarriendo del negocio. La querella, que incluía a Jacobo Stuart y a Alfonso XIII, se admitió a trámite pero tras la victoria de Franco se diluyó”.
