Pedro Sánchez propone que los españoles con vecindad civil en Cataluña (eso son jurídicamente los catalanes) voten un nuevo Estatuto. Lo que no nos adelante es que contenidos nuevos sobre el vigente puede tener ese estatuto sobre el actual y, en todo caso, cómo va a incluir las posibles novedades dentro de las costuras de la Constitución para no repetir la historia del 2006, aunque esperamos que no caiga aquello de Zapatero de “apoyaré el Estatut que mande el Parlamento de Cataluña”.
De momento, Sánchez ha colocado a la compañera Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en aquella región, en tándem con la ministra para la Administración Territorial Meritxell Batet, ambas partidarias de que los catalanes ejerzan el “derecho a decidir”, es decir, el de autodeterminación, en contra de la disciplina de voto del PSOE, cuando se trató este asunto en el Parlamento. Torra cuenta con dos aliadas.
Un día tras otro, el vicario de Puigdemont y su gente, Torra, advierten al que consideran “débil gobierno de España” que no tienen otra meta que la secesión, en forma de república, y la libertad de los presos políticos, pero entra tanto se conforman con más dinero para ir proveyendo sus nuevas embajadas y la nómina de los rebeldes, para ellos patriotas, encaramados en la nómina de la Generalitat. Los menos radicales entre los independentistas aceptarían la reposición, como paso intermedio hacia el objetivo final, lo que Zapatero les obsequió en su día: más dinero, más competencias, menos Estado y una especie de pequeña soberanía, desplazando al Estado de competencias esenciales y no compartidas.
Zapatero quiso hacerle un favor a su amigo Maragall para enmarcar su gestión en un nuevo espacio de relaciones con el Estado. Que aquel asunto no era una prioridad de los catalanes lo demuestra: Cuando se puso a votación mediante referéndum el Estatuto de 2006 la abstención fue del 51,5 por ciento; es decir, la mayoría de los 5.310.103 votantes. Del 48,85 que se pronunciaron, el 73,24 por ciento lo hizo a favor. Si sumamos los 533.742 que votaron en contra y lo sumamos a los 2.715.936 que ni siquiera votaron, los resultados confirman que el asunto no parecía tener especial interés para la mayoría. Y pese a ello, la reforma del Constitucional se consideró un grave agravio al pueblo de Cataluña. ¿A cuál? Y los interesados volvieron a sacar el viejo y repetido soniquete de su memorial de agravios que llevan dos siglos explotando.
Pero podemos recordar ahora que cuando se votó la Constitución de 1978, la media de apoyo superó en Cataluña al resto de España menos en Murcia: mientras que en el conjunto del país, aquel 6 de diciembre de 1978 el asentimiento de la nación fue del 88,5, los catalanes aprobaron la Constitución en un 90,46 por ciento. Se debe recordar ahora que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre aquel larguísimo Estatuto sólo anuló 14 de los 223 artículos de aquel texto que dotaban a Cataluña de poder judicial propio, que relegaban en castellano a lengua secundaria o que bloqueaban la posibilidad de que el Estado pudiera legislar para aquel territorio, como para el resto de España sobre competencias no cedidas o compartidas. Es decir, se borra de facto la presencia del Estado en aquella región.
Para devolver a los independentistas el espacio perdido, Pedro Sánchez y su gobierno han ido ensayando diversas ocurrencias. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha llegado a sugerir recuperar mediante leyes orgánicas los aspectos desmontado por el Constitucional del Estatut de 2006. Ante tal disparate, el profesor Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional logró, ha explicado, por si alguien lo ignora, que las leyes orgánicas no son supraconstitucionales o equivalentes a la Constitución, la vía pretendida era una burla y un fraude de la ley; es decir, un modo de aumentar las competencias de Cataluña a costa de las del Estado, evitando los riesgos de la reforma del Estatuto o la propia reforma de la Constitución.
Además, lo de las leyes orgánicas es un viaje con retorno. Pueden aprobarlas, y el Tribunal Constitucional puede volver a anularlas de nuevo. Pero es que en el Estatut había una trampa mortal: El Consejo General del Poder Judicial es el gran baluarte final para que, en Cataluña, junto con el Constitucional, se cumpla la ley. Como dice el profesor Flores, la idea de un poder judicial propio “es absolutamente absurda y por otra parte absolutamente suicida”. Y añade “El Poder Judicial es quien ha evitado la segregación de Cataluña. Si hubiesen tenido un Poder Judicial propio habría sido colonizado por los partidos y el proceso secesionista”.
