Cuestionar la transición demuestra poca memoria

Cuestionar la transición demuestra poca memoria

Se acuerdan de Fuentes Quitana?, el ministro de Economía de entonces, lo dejó claro: "O los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia”.  ¿Cómo es eso de que la “Transición” no sirvió para nada y dejó intactas las estructuras del franquismo? ¿Qué hubiera sido de España y de los españoles sin los “Pactos de la Moncloa”?
Un desolador síntoma del alcance de los tópicos del independentismo catalán contra el Estado, lo evidencia que algunos ya sus clisés para describir la situación del país, empezando por referirse a la Constitución como “el Régimen de 1978”, en clara intención de identificar la expresión “régimen” con el de Franco. Y la expresión genuina de ese “régimen” es precisamente la Constitución que, ¡Oh casualidad!, fue votada mayoritariamente, por encima de la media nacional en Cataluña. 
En 1977, España todavía vivía, sin superar, las consecuencias de la crisis del petróleo de 1973. Con una inflación que en poco tiempo subió del 20 al 47 por ciento era inviable pensar en una reforma democrática del calado que el país precisaba. El paro era del 10 por ciento, entonces un tope nunca alcanzado y nuestra competitividad escasa. En octubre de 1977, se reunieron en el Palacio de la Moncloa los partidos políticos con representación parlamentaria, así como el sindicato CC. OO. y los representantes de la patronal con el fin de llegar a una serie de acuerdos que reflotaran la economía española. Surgieron los Pactos de la Moncloa, que supusieron no sólo un paquete de medida económicas urgentes, sino otras no menos importantes de carácter político. Para reducir la inflación, se devaluó la peseta, se establecieron normas para controlar el gasto público y se estableció un programa para racionalizar el gasto en energía. 
Los periodistas que entonces ejercíamos bajo la presión de la Ley Fraga de 1966 (se podía criticar al Gobierno, “con el debido respeto”), saludamos con alborozo del levantamiento de la censura y de la proclamación de la libertad de prensa, además de una tenue, pero importante modificación de las leyes relacionadas con los secretos oficiales de modo que la oposición pudiera tener acceso a la información del Estado. También se consagraron los derechos de reunión, de propaganda y de asociación política. Se estableció el delito de tortura y se despenalizó el de adulterio o amancebamiento. Bien es cierto, como explico más abajo, que aquella euforia ante la desaparición de la censura se nubló cuando para evitar el debate sobre la monarquía se introdujo un decreto que volvía a establecerla para determinadas cuestiones esenciales: Monarquía, Ejército, la unidad de España.
El más grave fleco pendiente
Es oportuno recordar ahora el modo contundente en que se evitó que, en la transición del franquismo a la democracia, se discutiera otra opción que en la propia previsión de caudillo de que lo sucediera Juan Carlos I a título de rey. En ese sentido cabe decir los oportunos estudios llevados a cabo por el profesor Marc Carrillo. Se pusieron los medios jurídicos para impedir que se llevara a cabo la propia pretensión de las fuerzas democráticas y de millones de ciudadanos: un referéndum decisivo que se planteara la opción República o Monarquía o que ni tan siquiera ese debate se realizara en los propios medios de comunicación
En el Referéndum de la Constitución de 1978, los españoles tuvieron que aceptar el lote completo sin alternativas: Monarquía y Estado de las Autonomías. Lo peor sería el modo en que se llevó a cabo el proceso de transferencias, que tan desarmado dejaron al Estado, sobre todo en algunas comunidades, y que son el germen de algunos de los más graves problemas de nuestros días, que hace que los españoles sean desiguales para heredar o ejercer derechos comunes, según donde vivan. La fórmula del “café para todos” la pactaron Alfonso Guerra por el PSOE y Abril Martorell por la UCD y fue diseñada por el profesor Clavero Arévalo. Aquello fue una improvisación para ocultar la restitución de los estatutos de Cataluña, el País Vasco y en menor medida Galicia.
La reforma de la Constitución es la asignatura pendiente de la democracia española. Se quiere escapar del riesgo de “abrir el melón” por la parte que atañe a la Corona por los riesgos inevitables que se suponen. Está pendiente de desarrollar un “Estatuto de la Familia Real” o “Ley de la Corona” que, entre otras cuestiones esenciales, debe regular el acceso de los miembros de dicha familia a las empresas privadas, sus relaciones con entidades financieras y la propia transparencia y control parlamentario, como ocurre en otras monarquías, de los gastos de Palacio.
Queda trabajo por hacer, sin duda; pero hay que reconocer también las cosas que a nuestro entender se hicieron bien.