Ni ETA se ha arrepentido, ni es fiable la voluntad de quienes dicen haberlo hecho, ni salvo contadas excepciones, los presuntos arrepentidos que se acogen a la reinserción aportan elementos o pruebas para aclarar los asesinatos impunes
Los asesores de Pedro Sánchez no deben estar muy seguros de en qué momento se deben Cuando las gentes de bien están sobrecogidas por la salida de la cárcel de uno de los más sanguinarios asesinos de ETA, sin la menor muestra de arrepentimiento por sus actos, el Gobierno inicia el acercamiento de presos hacia el País Vasco, dentro de la nueva política de traspaso de prisiones, traslado de penados por terrorismo y revisiones de los grados penitenciarios que permitan su escalonada salida a la calle.
Sánchez tiene una sola razón para poner en marcha esta nueva etapa, pagar el peaje de Bildu-ETA y del PNV que le permitió llegar a la Moncloa, con otras hipotecas; pero para mantener la política de dispersión y cumplimiento de penas tenía otras 359 razones a su favor, los crímenes de ETA impunes, entre ellos el secuestro, tortura y desaparición de tres jóvenes gallegos que fueron confundidos con guardias civiles en un viaje de éstos por el Sur de Francia.
Ni ETA se ha arrepentido, ni es fiable la voluntad de quienes dicen haberlo hecho, ni salvo contadas excepciones, los presuntos arrepentidos que se acogen a la reinserción aportan elementos o pruebas para aclarar los asesinatos impunes. Pero ahora, además de que una parte esencial de sus fechorías están cubiertas, ETA, con la colaboración del PNV, pretende blanquear su pasado y demostrar que sostuvo una lucha justa, de igual a igual con el Estado opresor. Y para ellos, sus pistoleros reclaman que se revisen las circunstancias de sus detenciones, tras la sistemática denuncia de torturas.
El Gobierno de Pedro Sánchez, dentro del lote del pago de la renta al PNV y Bildu-ETA ha retirado el recurso contra le ley vascongada sobre la violencia policial, dejando que el PNV campee a sus anchas y establezca indemnizaciones a los terroristas que digan haber sufrido malos tratos
De momento, las asociaciones de víctimas han advertido que saldrán a la calle ante cualquier presión de PNV o Bildu para saltarse la ley y acercar a los presos a cárceles próximas a Euskadi sin que hayan colaborado con la justicia en el esclarecimiento de los atentados pendientes. Han advertido al ministro Marlaska de que cualquier cambio que se realice ahora en política penitenciaria, sería interpretado por ETA como una cesión por su disolución y por tanto como una victoria de la organización ya disuelta. Las asociaciones de víctimas reclaman que se mantenga apuesta por la política de dispersión y rechaza “experimentos” como la vía Nanclares, “a la que apenas se acogieron una veintena de etarras que no han colaborado para resolver los casos pendientes de esclarecer”.
Y, por si fuera poco, en medio de esta situación emerge otra vieja reivindicación del nacionalismo vasco, en cuanto a reducir al mínimo la presencia del Estado y de sus instituciones en aquella comunidad. ETA siempre pidió la retirada del territorio vasco del Ejército, la Guardia Civil y la Policía, el PNV va por cuotas. Que el Gobierno de Pedro Sánchez y el del lehendakari Íñigo Urkullu estén de acuerdo en la necesidad de reducir los efectivos de Policía y Guardia Civil en el País Vasco para ajustarlos a las necesidades “reales” en el ámbito de sus competencias, como acaba de trascender, es un síntoma evidente de que Sánchez es favorable a atender esa histórica reivindicación. Se trata de que la presencia de las fuerzas del Estado en el País vasco no ya “ni simbólicamente residuales”. El efecto (porque no olvidemos que se demandan cesiones de soberanía) se trata de que competencias propias del Estado las vaya asumiendo el gobierno de aquella comunidad en aspectos esenciales que corresponden a el Estado mismo y que ahora ejercen la Policía y la Guardia Civil.
La última hora de este proceso ha sido la carta que el eurodiputado vasco Carlos Iturgaiz ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "en calidad de víctima" de ETA y para denunciar el acercamiento de los presos etarras Olga Sanz Martín y su pareja, Javier Moreno Ramajo, que se desvincularon de ETA, están en tercer grado y cumplirán el resto de su condena en Basauri (Bizkaia).
Iturgáiz dice que quienes quisieron asesinarlo cuando presidía el PP vasco ·no le han pedido perdón” como se alega para otorgarles los beneficios de que ya disfrutan, lo que Iturgaiz estima como parte del proceso para el debilitamiento de la lucha contra ETA que inició Rodríguez Zapatero y “que pasa por premiar a los verdugos y castigar a las víctimas".
