Vacaciones catalanas

Vacaciones catalanas

Comienza el mes de agosto sin que la política catalana se acabe de coger vacaciones, aunque este periodo estival se presume que será muy corto.  A mediados del mes el Parlament  catalán volverá a abrir sus puertas para poner en marcha la última fase del procés soberanista con la tramitación de las leyes del Referéndum y Transitoriedad Jurídica, la “ley de desconexión”, para llevar a término una consulta que no se va a celebrar o que de hacerlo no conllevará consecuencias jurídicas de ningún tipo, pese al enfrentamiento que se avizora y cuyas consecuencia posteriores son difíciles de prever.
Aun así no se pierde la esperanza de que tras el 1-O que resultara fallido, el diálogo ocupe el lugar del  enfrentamiento para resolver el expediente catalán, mediante la convocatoria de nuevas elecciones y a la vista de los resultados ver si es posible que Cataluña vuelva a ser el oasis en el que se convirtió durante algún tiempo. Pese a que ahora se sepa que la sombra la proyectaba el 3%.
Hasta el próximo día 16 de agosto se abre un periodo de tregua política, al menos sobre el papel, en el que ambas partes, el Gobierno central y las instituciones autonómicas han marcado las líneas del terreno de juego antes de empezar las vacaciones. Estos últimos mediante el registro de la ley del Referéndum  en el Parlament, firmada por todos los diputados de Junts pel Sí y de la CUP, para no dejar un resquicio a la duda, mientras que el Tribunal Constitucional, con su unanimidad habitual en todos los asuntos relacionados con el desafío catalán, y a instancias del Gobierno, paralizaba durante cinco meses la reforma del reglamento de la cámara catalana que permitiría aprobar las leyes de secesión  en lectura única y sin dar apenas oportunidades de manifestarse a la oposición.
Y todo ello con la coda de que sean cuales sean las decisiones judiciales emanadas de órganos constitucionales, desde el TC al resto de tribunales, serán  ignoradas y desacatadas como no se cansa de repetir el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que en otros asuntos, como el de la compra de las urnas sigue la senda ‘astuta’ marcada por su predecesor, y a la que añade la recomendación de que no cesen nuevos actos de “rebeldía”, como les ha pedido a sus ‘consellers’.  
Un llamamiento que en nada contribuye a sosegar el debate y más cuando los socios del PDeCAT  y de ERC, la CUP y otros grupos afines  están dispuestos a trasladar esa actitud a la calle, más allá de las manifestaciones tradicionales de exaltación como la Diada, y han decidido que otra forma de ayudar a sus pretensiones es generar tensión en ellas. La convocatoria de dos concentraciones simultáneas ante la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona a favor y en contra de esta institución protagonizada por elementos de extrema izquierda y de la ultraderecha es un nuevo motivo de preocupación y un síntoma de la deriva que puede tomar el procés, si quienes pueden hacerlo no moderan los ánimos.
La protesta callejera, que a veces desemboca en violencia, es un instrumento que de una u otra forma siempre acaba apareciendo para ocultar o justificar algunas actuaciones y se convierten en un elemento de distorsión con el que los más avezados pretenden pescar en aguas revueltas.