Fijada la posición de los grupos parlamentarios con anterioridad al debate sobre la Ley de Abdicación aprobada ayer en el Congreso y obviado el debate sobre Monarquía y República y la forma del Estado en el que no han querido entrar los principales partidos nacionales, y los halagos y el reconocimiento –con sus claroscuros- a la labor realizada por don Juan Carlos, los portavoces parlamentarios han puesto el acento de sus intervenciones en dos cuestiones fundamentales: el cumplimento de la Constitución y la necesidad de una democracia de mayor calidad.
La abdicación del rey se enmarca en la normalidad constitucional, -como resaltó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- y, pese a las manifestaciones que se han sucedido en muchas ciudades en favor de un referéndum sobre el modelo de Estado, estás han sido contrarrestadas por los estudios de opinión que muestran que los ciudadanos siguen siendo mayoritariamente favorables a la Monarquía, y por el hecho de que menos de un uno por ciento considera como uno de los principales problemas nacionales este debate –según el CIS-, aunque la valoración de la Corona pase por sus peores momentos en valoración ciudadana. Alfredo Pérez Rubalcaba, al frente de su partido, se apuntó al respeto institucional al recordar que su partido se muestra comprometido con el pacto que firmaron en la elaboración de la Constitución. Los grupos minoritarios no dejaron de señalar el origen franquista de la Monarquía para reclamar un referéndum.
Resuelto, pues, con anterioridad, el resultado del debate, la importancia de las intervenciones se centraba en ver como cada grupo político afrontaba el futuro y los deberes que ponían al futuro rey. Socialistas y nacionalistas moderados con la vista puesta en una reforma constitucional. Rubalcaba demandó “un tiempo nuevo” para el diálogo y la renovación institucional” para dar respuesta a la triple crisis, política, social y territorial. O, si no hay reforma, al menos tratar de cumplir la Constitución en los términos actuales en sus aspectos más sociales y “más democracia”, como subrayó Cayo Lara, que fue quien con más insistencia pidió un referéndum sobre el modelo de Estado.
Fueron sin embargo, los portavoces nacionalistas de CiU y del PNV quienes llevaron el debate al terreno de la crisis del modelo territorial: Duran Lleida con cierta nostalgia, porque tras haber sido participes del consenso constitucional en 1978 llevan tiempo excluidos de la historia de España por la “política pequeña” –volviendo la oración por pasiva- que han realizado los partidos mayoritarios respecto a la demandas de Cataluña; Aitor Esteban, recordando que la Constitución no obtuvo el respaldo mayoritario en el País Vasco y que su partido es de corte republicano. Ambos emplazaron al próximo rey a tener sensibilidad hacia las demandas políticas en ambos territorios aunque van en contra de la esencia de la monarquía. Fueron los grupos minoritarios de la izquierda nacionalista quienes con mayor crudeza criticaron la restauración monárquica por su origen y la necesidad de que los ciudadanos elijan el modelo de Estado.
Todos los partidos de una u otra forma –“apertura de un nuevo tiempo”, ganarse el prestigio”, “encarnar las nuevas aspiraciones”- han trasladado al futuro rey la responsabilidad de desempeñar un papel que institucionalmente no puede ejercer sino en todo caso, moderar o arbitrar, cuando es a ellos a quienes corresponde forjar una nueva etapa de consensos que permita cumplir o cambiar la Constitución para tener una democracia de mayor calidad.
