Que un dirigente político reconozca un error es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja. De vez en cuando se les escucha un mea culpa genérico, sin mucha concreción y sin mucha convicción del tipo “algún error hemos debido de cometer”, para a continuación soltar la retahíla de logros de su gestión aunque no venga al caso, o aunque contenga olvidos clamorosos. “Había un problema y lo hemos resuelto” vienen a decir con olvido de tiempos y métodos.
Un nuevo ejemplo de todo ese proceder se ha vivido hoy en la sesión de control al Gobierno respecto a la primera infección por ébola en España y al control de las tarjetas fantasmas en Caja Madrid y Bankia. Si bien es cierto que el problema del ébola “está encauzado”, en palabras del presidente Rajoy, desde el punto de vista sanitario, no lo está ni lo ha estado desde el punto de vista político. No solo porque el Gobierno haya reconocido de facto su ‘desgobierno’ en los día previos al nombramiento de los comités político y médico especiales que siguen la evolución del caso e informan a la ciudadanía, sino porque ayer mismo se ha asistido a otro cambio de planes sobre la marcha a cuenta de la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad para dar las explicaciones pertinentes en comisión. Esta comparecencia estaba prevista para hoy, pero Ana Mato tuvo la tentación de posponerla para el viernes, porque coincidía con una reunión de los ministros europeos del ramo sobre el ébola. Así, los ministros europeos habrían tenido conocimiento de la explicación de las medidas adoptadas y por adoptar por el Gobierno, antes de que las recibieran los españoles en la sede de la soberanía popular.
En fin, otro acierto en la rectificación de una decisión poco pensada que ha tenido que ser reconducida y con la ministra de Sanidad como protagonista, y a la que ahora se le abre otro frente, compartido con el ministro de Defensa, por las peticiones internacionales para utilizar las bases españolas en Cádiz y Gran Canarias como centros logísticos en la lucha contra el ébola en los países del África Occidental, a las que España no puede negarse pero que deben afrontarse con las máximas garantías de seguridad.
Mariano Rajoy, del mismo modo, ha defendido la actuación del Gobierno en el caso de las tarjetas opacas de Bankia y ha obviado la posibilidad de crear una comisión de investigación sobre este asunto como le ha pedido Cayo Lara, o que el FROB se persone como acusación, como ha demandado Rosa Díez. Según un principio no escrito, todos los gobiernos son refractarios a la creación de comisiones de investigación. Los 15,5 millones de euros gastados por los consejeros y directivos de Bankia son, al parecer, una gota en el océano que ha costado la salvación del sistema financiero, pero no deja de ser un síntoma de lo que ha podido ocurrir en otras cajas, nacionalizadas o no, que estaban siendo utilizadas como bancos nacionales por los gobiernos autonómicos, con participación en su gestión de partidos, sindicatos y patronales, de tal forma que existe una responsabilidad política de todos ellos, pero que sería preciso situar en sus debidos términos , más allá de las decisiones que adopte la justicia. Por respeto a los ciudadanos.
