Responsabilidad política

Responsabilidad política

La declaración del ministro de Justicia, Rafael Catalá, según la cual la responsabilidad política por la corrupción “en nuestro sistema político se salda con las elecciones”, porque es el momento en el que los ciudadanos hacen balance y valoración de la gestión del Gobierno y de la oposición, es de todo punto desafortunada y parece querer hacer tabla rasa de todo lo avanzado hasta ahora en la lucha contra uno de los principales problemas políticos detectados por los ciudadanos, aunque no sea el castigo de la corrupción el elemento principal sobre el que fundamentan el sentido de su voto muchos de ellos.  Pero estas presuntas ilegalidades sin duda que también han tenido que ver con el castigo recibido en la urnas a partir de 2011 y a su pérdida de la mayoría absoluta y del poder territorial que había conseguido.   
 Es cierto que hasta ahora al Partido Popular le han salido muy baratos, electoralmente, los casos de corrupción en los que están inmersos desde el propio partido, que se sienta en el banquillo en algunos casos relevantes, hasta dirigentes o grupos municipales enteros, y que ha vuelto a ganar las elecciones en aquellos lugares en los que la corrupción política tiene un carácter cuasi endémico por la cantidad de casos que han aflorado
Las palabras de Rafael Catalá chocan de manera frontal con las pronunciadas por otros líderes populares sobre la necesidad de mantener una actitud contundente e implacable contra estas actividades, que por cierto se benefician de la lentitud de la justicia y la falta de medios, - habrá que ver qué resultados arroja la nueva ley procesal penal en la lucha contra la corrupción- para que estos procesos no se dilaten, y aun cuando los partidos se quejan de la tardanza en sus instrucciones y en que se dicte sentencia, también se benefician de que su impacto en la opinión pública se diluye con el tiempo. Así, por ejemplo, el PP puede seguir manteniendo que es un partido que no ha sido condenado por financiación ilegal cuando están pendientes de aclarar todo lo relacionado con la supuesta ‘caja b’ de Génova, la paga de mordidas por concesiones, el ‘pitufeo’ valenciano…
Según la teoría de Rafael Catalá, sería posible que no se asumieran responsabilidades políticas por casos de financiación ilegal que contribuyeran a ganar unas elecciones, cuyos autores, al mismo tiempo, serían exculpados –políticamente- por los resultados electorales y podrían seguir en sus puestos realizando esa actividades hasta que los tribunales decidieran su futuro penal.
De ahí la importancia de que los partidos se pongan de acuerdo sobre el momento en que un político acusado de actos de corrupción deba asumir sus responsabilidades. El pacto con Ciudadanos lo sitúa en el momento en que comienza a ser investigado, lo que puede chocar  con la vulneración de la presunción de inocencia, y de ahí que el consenso básico sobre el momento de abandonar el cargo político es el de la apertura del juicio oral. Pero también en palabras del propio ministro el pacto con el partido de Albert Rivera “está en vigor y goza de muy buena salud”, pese a que otros dirigentes han pedido la revisión de este punto del acuerdo. Contradicciones que no son más que una muestra del desconcierto en el que la muerte de Rita Barberá ha sumido al Partido Popular.