Todavía no se conoce con certeza la causa de la muerte de tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra, (Sevilla) y si está provocada de alguna forma por la ingesta de alimentos en mal estado. Pero lo que si se sabe son las circunstancias sociales por las que pasaba la familia: un padre sin empleo parado de larga duración, piso embargado, subsidio solicitado con perspectivas de concesión a diez meses vista, supervivencia con la realización de actividades marginales y dudas sobre la procedencia de los alimentos cuya ingesta podría estar en el origen de la tragedia.
Sea o no esta la causa del fallecimiento de las tres personas, lo que ha ocurrido en el pueblo sevillano es la traducción de los problemas por los que atraviesan con mayor o menor intensidad millones de personas y que son la imagen real de todos esos indicadores económicos que subyacen junto a las grandes cifras macroeconómicas, que proceden de la incapacidad de una clase política y empresarial que no supo ver el alcance de la crisis, que luego fue incapaz de articular una respuesta común por intereses partidistas; de unos empresarios que no utilizaron los recursos que tenían a su alcance y que recurrieron a lo más fácil, el despido; del cercenamiento de buena parte del Estado de bienestar conseguido y que imponía un austericidio que hasta sus más preclaros defensores sabían que era insostenible y que tarde o temprano la Unión Europea tendría que aflojar, como ha ocurrido; y simultáneamente, se rescataba el sistema financiero causante en buena parte de los males que se sufren con un dinero a pagar a escote entre todos los españoles.
Sin embargo, y mientras el despegue económico se traduce en una levísima creación de empleo, se ponen trabas a otro tipo de iniciativas políticas en materia de acciones sociales -sin perder de vista que muchas de ellas son más de cara a la galería que realmente eficaces-, y por si acaso, se recurren o se tuerce el gesto como cuando se proponen moratorias a los embargos de viviendas, o que nadie se quede sin los servicios básicos de agua, luz y gas en los momentos de mayor crudeza del invierno por falta de pago. Por no hablar de la incidencia que está teniendo la supresión de las ayudas a la dependencia en muchas familias, o que son los pensionistas quienes con su magra pensión han tejido la red que ha impedido el agravamiento de la pobreza, mientras que los servicios sociales se ven cada vez más desbordados por la amplitud de la demanda y la falta de recursos.
Porque el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad son las dos notas preponderantes de la crisis y la causa última de sucesos como el de Alcalá de Guadaíra y de tantos dramas cotidianos. El último informe de Cáritas sobre la realidad social española subraya que la pobreza severa- vivir con menos de 307 euros al mes- afecta a tres millones de personas en España, el doble de los que padecían esta situación al comienzo de la crisis. Y otro tanto ocurre con la desigualdad, con España en los puestos de cabeza de los indicadores que miden esta disfunción, y que según los expertos obedece a un fenómeno típico de nuestro país, que en épocas de bonanza no acorta de manera suficiente la desigualdad, mientras que en épocas de recesión se dispara como efecto de los débiles mecanismos de redistribución de la riqueza.
Sin negar la importancia del rescate financiero que se supone que en algún momento servirán para engrasar la economía real es preciso que se proceda a un rescate social, menos oneroso que el anterior, más visible y más digno y que generaría menos rechazo.
