En la cuestión catalana los partidarios de la independencia a toda costa hacen caso omiso de lo que dicen los Tratados de la Unión y cifran sus esperanza a los hechos consumados y a que el paso del tiempo todo lo cura y se acaba imponiendo la realidad y que por tanto la integración en la Unión Europea se acabará produciendo más temprano que tarde porque Cataluña constituiría un Estado rico, solvente, y con vitola democrática y de europeidad sin tacha.
Por ese motivo minimizan todas las declaraciones procedentes del gobierno europeo que sitúan a Cataluña como un país tercero que tendría que ponerse a la cola para volver a integrarse en la comunidad europea de pleno derecho. Como no hay antecedentes de un caso similar de un pueblo europeo que sale y quiere entrar en la Unión Europea, los líderes catalanes piensan que sus homólogos europeos tendrán que establecer nuevas condiciones políticas sobre la marcha para hacer posible el reingreso, bajo las premisas de “lógica” y “pragmatismo”, a la que hace referencia el informe del Consejo Asesor para la Transición de Cataluña, que plantea los cuatro escenarios que pueden darse ante la hipotética secesión de Cataluña, desde la integración inmediata sin traumas a la exclusión, pasando por otros dos intermedios que prevén la vuelta a Europa en más o menos tiempo según la voluntad política y los intereses económicos del resto de países europeos.
En su discurrir hacia la independencia en la que, a su juicio, la legalidad como esencia de la democracia tiene menor valor que el ejercicio del voto, los dirigentes catalanes, sin embargo, no dudan en utilizar tretas legales para dilatar el momento en el que ya no haya otra instancia política a la que recurrir. Así, la petición del portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, para que España pida a la Comisión Europea que emita un dictamen jurídico sobre las consecuencias legales de la secesión, a la luz de la ley comunitaria tiene para ellos razón de ser y en cierto sentido sería deseable para acabar con el debate sobre el encaje de Cataluña en la Unión Europea. Una posibilidad que es inimaginable a corto plazo, porque efectivamente España estaría reconociendo la posibilidad de que se produjera la independencia de Cataluña. Pero además, la hipotética intervención europea con carácter previo es improbable que llegara a tiempo dada la tranquilidad y reticencias con las que la Comisión Europea aborda los problemas complejos. ¿Y que garantías ofrecen los dirigentes independentistas catalanes si el informe es contrario a sus pretensiones de que acatarán la legalidad europea cuando se muestran tan reacios a acatar la española, que impide la celebración de un referéndum que no haya sido convocado por el Gobierno central y no prevé la celebración de elecciones plebiscitarias y, aún más, cuestiona la Constitución?
La nueva condición parece una coartada dilatoria, una forma de mantener vivo el debate europeo, de proseguir con su intento de buscar la internacionalización de la cuestión catalana y de animar a sus partidarios ante la evidencia de que todas las declaraciones de las autoridades de la Comisión Europea que se han producido hasta el momento sitúan a Cataluña como “un país tercero”, y que no hace sino entorpecer la búsqueda de soluciones donde se tienen que encontrar.
