El portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular, Vicente Martínez-Pujalte reconocía estos días atrás que el Estado no podrá recuperar íntegramente los 40.000 millones de euros de fondos públicos que se inyectaron el año pasado en el sector bancario, y aboga por que a partir de ahora se trabaje para conseguir que las pérdidas que soporten los contribuyentes sean 'las menores posibles'. Cabe recordar que antes del pasado mes de junio, cuando se solicitó el rescate financiero, se mareaba la perdiz en torno a si ese préstamo contabilizaría o no como deuda pública que debería afrontar España en el caso de que los bancos no pudieran hacer frente a los vencimientos de capital e intereses. Y efectivamente así es. Los 40.000 millones computan como deuda pública y si ahora, como asegura Pujalte no se va a recuperar todo el dinero invertido en reflotar las cajas de ahorro que se encontraban al borde de la quiebra supondrá que todos los españoles nos tendremos que hacer cargo de la alícuota parte que nos corresponda y salvar un sistema financiero que no se prodiga en dar créditos a las pyme que lo necesitan para mantener la economía real en marcha.
Pujalte ha enunciado la mayor, que no se va a recuperar el dinero, pero todavía no se sabe cuál es el importe que no se recuperará de ese 4% del PIB que supone el préstamo que recibió España, y es necesario para establecer las comparaciones que permitan saber cuál es el coste social de esa pérdida, cuántos profesores o médicos se podrían haber contratado con ese dinero, a cuántos dependientes se les podría haber atendido, qué servicios sociales podrían seguir abiertos
Cuando en la anterior legislatura se prestó dinero público a los bancos se garantizó el cobro de los intereses de tal manera que no fuera oneroso para las arcas públicas y se obtuviera un cierto beneficio.
De confirmarse las previsiones del portavoz de los populares en la materia en el Congreso, esta nueva situación debiera dar lugar a nuevas responsabilidades. Quizá será un desiderátum pedirlas a la vista de lo que ha ocurrido con los gestores de las cajas de ahorro quebradas, sin que ningún banquero haya pisado las cárceles, salvo uno momentáneamente, y sin que se haya producido un verdadero cambio de normativa sobre las retribuciones, sus beneficios añadidos, mientras que en los tribunales se dilucidan las posibilidades de recuperar el dinero de algunas prebendas que tenían adjudicadas mientras sus empresas se hundían. Sin olvidar que los rectores de las cajas de ahorro nacionalizadas son los trabajadores públicos mejor pagados con mucha diferencia.
Ayer mismo se conocían que las ayudas financieras públicas comprometidas por el Estado en el proceso de recapitalización del sistema bancario a través de diversas formas de capital ascienden a 61.366 millones de euros desde mayo de 2009, más otras partidas de distinta naturaleza y la participación pública en la Sareb el banco malo. Y el propio Banco de España reconoce que las garantías otorgadas para determinadas carteras crediticias suponen un importe de 35.681 millones y pueden dar lugar a pérdidas que, en todo caso, no se podrán conocer hasta el final de periodo de vigencia de cada esquema. Es decir, previsión de más pérdidas por el rescate y ayudas a los bancos.
Con las previsiones actuales sobre las futuras subastas de los bancos controlados por el FROB y las pérdidas estimadas se podría pensar que se ha tratado de un nuevo engaño porque habrá que pagar entre todos la salud de los bancos.
