Los expertos en campañas electorales utilizan todos los recursos a su alcance para tratar de hacer llegar su mensaje. Del tronco central que articula la idea principal salen multitud de ramas, unas más sólidas y otras más endebles, porque están convencidos de que todas y cada una de ellas atraerá algún voto a su zurrón. Y lo hacen a sabiendas de que con esa actitud toman a los ciudadanos como menores de edad, o apelan a los sentimientos más que a la razón que no daría por buenas determinados argumentos. O quienes pueden se aprovechan de operaciones judiciales, que al margen de arrojar dudas sobre la oportunidad del momento, pueden herir al adversario por el flanco de la corrupción.
Desde antes de que Artur Mas convocara la elecciones autonómicas del 27-S bajo el paraguas del plebiscito por la independencia, se ha asistido a todo tipo de razonamientos, unos más acertados que otros, para convencer a los ciudadanos catalanes que voten juntos por el sí a la secesión, desde los tradicionales agravios comparativos y apelaciones a deudas históricas a mistificaciones históricas que hacen sonrojar – Cervantes catalán, sin ir más lejos-, o al manejo de los tiempos políticos, con decisiones que merecerían un portazo de resto de los grupos políticos contrarios a las intención es de Artur Mas, si no fuera porque es preciso utilizar todos los resortes de comunicación que los independentistas dejan a sus detractores. O la coincidencia de que la campaña electoral comience unas pocas horas después de que se celebre la Diada de Cataluña, cuyos repetidos éxitos de público han sido esgrimidos por el Govern como uno de los elementos más claros de la voluntad independentista del pueblo catalán.
O como el pleno que había convocado Artur Mas para explicar una decisión adoptada hace un mes… Pero esta jugada parece que se le ha torcido al presidente catalán tras los registros practicados por la Fiscalía Anticorrupción por orden de un juez en la sede de CDC, su fundación CatDem y cuatro ayuntamientos gobernados por su partido. Como es seguro que no se va a aceptar su comparecencia parar hablar de este asunto, el resto de la oposición hará caso omiso de lo que a él le interesa para centrarse en esta nueva derivada del famoso 3%., por simplificar la denominación de los casos de corrupción político-económica que se dan en Cataluña, y cuando aún colea sin explicaciones claras el patrimonio de Jordi Pujol y se investiga en distintos juzgados el enriquecimiento de su prole. Claro que a la vista de lo que se le avecina puede que se le ocurra suspender el trámite y evitarse el sofocón.
Por casualidad, el Gobierno central está recetando una dosis de lucha contra la corrupción a CDC y a Artur Mas después de haber probado que, ahora sí, estos hechos pasan factura electoral y que efectivamente alguien comprará el argumento de que el partido que ha dirigido la operación independentista tiene, presuntamente, los pies en el fango, y que como poco debe dar más explicaciones. Se las ha pedido hasta el cabeza de la lista en la que figura Artur Mas.
Lo patético de esta situación es que todos justifican lo que hacen o lo que sufren en la independencia judicial o en la vulneración de las normas de un Estado democrático y de derecho, en una demostración más de que en la campaña catalana se ha instalado el todo vale.
