Opinión

No es cuestión de imagen

A pesar de las declaraciones rimbombantes, la justicia no es igual para todos. En la imputación de la infanta Cristina por las actividades presuntamente ilegales de su esposo Iñaki Urdangarín y en su declaración ante el juez hoy mismo para que aclare si defraudó o blanqueó dinero ingresado en sus cuentas corrientes procedentes del Instituto Nóos, se han producido una serie de cuestiones formales que indican esa desigualdad: la posibilidad de bajar en coche hasta la puerta del juzgado, la sala para los recesos, haber contado con una actuación contradictoria de la fiscalía anticorrupción apoyada en unos informes igualmente contradictorios de la Agencia Tributaria, el hecho de que se grabe solo en audio y no en video su declaración ante el juez para evitar la filtración de las imágenes, el cordón de seguridad montado a su alrededor… Son cuestiones formales, que no pueden hacer olvidar quien es la infanta Cristina, lo que representa y lo que supone que por primera vez un miembro de la familia real declare ante un juez y de que ese acto pueda salir una acusación formal, que por otra parte, casi se da por descartada.

Y con este trasfondo se juega hoy, en primer lugar, una batalla de la imagen antes de entrar en el fondo de la cuestión. Si su marido realizó en dos ocasiones el ‘paseíllo`, una para afirmar su inocencia y otra en silencio cuando se acumulaban las evidencias de su actuación, el efecto y la repercusión de un acto similar de la infanta sería demoledor para su imagen y la de la institución a la que representa, como séptima persona en el orden sucesorio de la Corona. Pero esta polémica se agotará o se acabará difuminando en el mismo momento en que no lo realice con la coartada de la necesidad de preservar su seguridad, porque a partir de ese momento en el interior del juzgado se dilucidarán unos asuntos con repercusiones que tienen un alcance superior al conocimiento de la infanta Cristina en las supuestas actuaciones irregulares de su esposo.

La Casa del Rey está embarcada en ganar la batalla de la imagen y ha emprendido acciones para ello que se han visto frustradas por nuevos datos o por nuevos incidentes que han ocasionado que la institución se encuentre en un bajo nivel en la apreciación de los ciudadanos. Solo el convencimiento de que lo único que faltaba en la situación actual de crisis económica y de desafección política es una crisis institucional de envergadura, que implicara algún tipo de movimientos sobre la Corona, motiva que los principales partidos nacionales eviten cualquier cambio que pudiera entenderse que entraña un plebiscito sobre la institución, y eso que están pendientes reformas constitucionales sobre ella de envergadura y para las que nunca se encuentra el momento apropiado para abordarlas por la dificultad que entrañan y el debate que generarían.

Por acción o por omisión el daño a la Corona ya está hecho, aunque su profundidad dependerá de lo que decida el juez tras escuchar la declaración de la infanta. Si acuerda el sobreseimiento del caso –luego llegarán los recursos- solo quedará comenzar a restañar las secuelas del martirio padecido por la casa real. Sería equivocado centrarlo solo en operaciones de imagen porque existe un mar de fondo que es necesario aflorar con decisiones que no tienen que afectar obligatoriamente al jefe del Estado, pero si a quienes hayan podido cometer actos de falta de ejemplaridad, a los que se refirió don Juan Carlos en su discurso navideño y que han afectado al prestigio de la política y de las instituciones. La que él encarna incluida.

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