El presidente del Gobierno ha dado suficientes muestras de que le gusta la política discreta y sustraerse a las preguntas sobre la cosa pública siempre que puede. La pasada reunión del 29 de agosto con el presidente de la Generalitat se enmarca en esa forma de entender la política que no hace sino dar lugar a malentendidos. Cierto que sirve para que las reuniones se celebren sin la tensión añadida de los informadores a la puerta de La Moncloa, pero así no hay forma de saber si llegaron a algún compromiso, si sirvió para algo y si posteriormente alguno de los dos falta al acuerdo, en el caso de que llegaran a él.
Tras la declaraciones del pasado jueves de Artur Mas en las que aplazaba la convocatoria de un referéndum ilegal previsto para 2014, que estaba dispuesto a realizarlo si se producía un acuerdo con el Gobierno central bastante improbable- y que si no podía celebrarse convocaría las elecciones autonómicas de 2016 con carácter de plebiscito sobre la independencia en Cataluña como único punto del programa electoral, pareciera que -tras conocerse que se había tenido lugar la reunión Rajoy-Mas-, ese habría sido el acuerdo, darse dos años de plazo para en este tiempo evitar el choque de trenes, esperar que la mejora de la situación económica rebajara la tensión, reconducir el proceso soberanista, que Artur Mas recuperara la iniciativa perdida a manos de ERC y, en definitiva, explorar vías para mejorar el encaje de Cataluña en España en el marco de la Constitución para, como se suele pretender en estos casos, resolver este asunto para varias generaciones, si era posible revertir la escalada soberanista que se ha producido y que ha fracturado tanto a Unió como al PSC.
Pero Artur Mas ha vuelto por donde solía al afirmar que la 'la consulta se hará sí o sí', añadiendo que las elecciones plebiscitarias serían únicamente la 'última opción', después de que los dirigentes de ERC, que son los que sostienen su gobierno en el parlamento catalán, torcieran el gesto sobre lo que parecía una marcha atrás de Artur Mas, al condicionar el referéndum de autodeterminación a la legalidad. Y en manos de ERC está forzar o bien la consulta o bien un anticipo electoral si dejan de poyar a CiU. Simultáneamente el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, el adalid del proyecto independentista, afirmaba que no se pueden tomar grandes decisiones de forma unilateral sobre Cataluña, aumentando así lo que el líder socialista Pere Navarro ha definido como ceremonia de la confusión, de tal forma que en este punto no se sabe con certeza si ha variado el rumbo del nacionalismo hacia la independencia a fecha fija o existe un margen largo para el diálogo.
Entretanto el Gobierno por boca de su vicepresidenta afirma que no ha variado su posición, y no está dispuesto a facilitar una consulta que sobrepase los límites de la Constitución. De lo que no ha hablado es si en la respuesta a la carta que envió la Generalitat a Rajoy habrá alguna posibilidad para explorar caminos para llegar a un acuerdo sobre algunas de las cinco vías que se recogen en el informe elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional que acompañaba a la carta de Artur Mas, y si además de aplicar la ley se aplicarán al diálogo.
Con la celebración de la Diada y de la Vía Catalana a la vuelta de la esquina, las sucesivas declaraciones de Artur Mas no hacen sino profundizar en su imagen de político errático que se mueve al son que le marcan y que provoca que los ciudadanos catalanes y el resto del país se encuentre subido en una montaña rusa en la que se pierde la noción del espacio y el tiempo político.
