Otro miércoles más se ha vuelto a cumplir con la doble tradición según la cual el presidente del Gobierno y sus ministros no responde a las preguntas de la oposición en los términos en los que están formuladas en la sesión de control al Ejecutivo, y a renglón seguido dan cumplimiento a la segunda que supone que el Gobierno hace oposición de la oposición y en la que parece vedado que algún ministro reconozca que se ha equivocado y mucho menos que pida disculpas, como si hablaran ex cathedra y tuvieran el don de la infalibilidad. Pero hay que darlo por hecho aunque constituya un motivo de frustración y de pobreza democrática, que se hace más evidente cuando la mayoría absoluta del partido que sustenta al Gobierno impide un control efectivo de la labor de Gobierno en plenos monográficos.
Sobre la sesión de control de ayer sobrevoló un conjunto de agravios, el de los parados acusados en su quinta parte de fraude; el de los científicos que carecen de financiación para sus laboratorios la herencia recibida fue la causa esgrimida-; el de los cineastas acusados de la mala calidad de sus producciones por un ministro que no quiso responder cuál es la última película española que ha visto; tampoco ha habido respuesta sobre la falta de respuesta política acerca de la cuestión catalana, y sobre todo ello está el memorial de agravios hecho público por el Gobierno de la Generalitat para apuntalar la deriva soberanista en uno de sus argumentos fundamentales, la discriminación económica hacia Cataluña, cuantificada en 9.375 millones de euros.
El memorial de agravios de la Generalitat lejos de ayudar muy poco a serenar el debate, como ha afirmado Cristóbal Montoro, puede abrir una vía de solución al conflicto: ahora se sabe de lo que se está hablando. Ya no hace falta ni la mistificación histórica, ni apelar a otro tipo de consideraciones, ni exacerbar los sentimientos. Siéntense los responsables económicos del Gobierno y la Generalitat, depúrense las cifras expuestas; retírense las cifras de los recortes que afectan a todas las comunidades autónomas, súmense las aportaciones particulares del FLA y el plan de proveedores y establézcase el nivel de la deuda histórica, millón de euros arriba o abajo.
A continuación debiera establecerse un plan de pagos teniendo en cuenta las circunstancias actuales y estaría resuelto una buena parte del problema catalán. La otra parte, la que hace relación a la lealtad o deslealtad mutua es más difícil de resolver y ahí entra la petición de una respuesta política que no sea el dontancredismo como le ha pedido hoy Duran Lleida a Mariano Rajoy, al que ha animado a que dé pasos dentro del marco constitucional del que no está dispuesto a salirse, pero aceptando las interpretaciones más abiertas que permite, como el artículo 150.2 de la Constitución que establece que el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, junto con su financiación y control. Es decir el reconocimiento explicito de que las Comunidades Autónomas son Estado, o la ventanilla única de la que hablaba Manuel Fraga. Y si además se hiciera algún gesto hacia el catalán en su ámbito de cooficialidad, mucho mejor.
Claro que Duran Lleida también tiene su memorial de agravios con respecto a los dirigentes de su formación que están enceguecidos con el desafío soberanista y solo ven las deslealtades del Estado con Cataluña sin ver la viga en su ojo.
