La misión de un Gobierno no es solo la de animar a la ciudadanía con la promesa de que el futuro será halagüeño y que todos los sacrificios realizados serán recompensados y habrán valido la pena, sino tratar de lograrlo con una serie de medidas ‘estrella’ que se supone que harán la vida más fácil a los esforzados que se mantienen al pie del cañón y que son los justos que pagan por pecadores. Ocurre que al cabo de poco tiempo esas iniciativas que se presentan como soluciones para un determinado grupo de personas acaban estrelladas bien por errores de planificación, bien porque son de imposible cumplimiento, o bien porque tienen un efecto contraproducente. O las tres cosas a la vez.
El fracaso más clamoroso de una medida ‘estrella’ ha sido la implantación del IVA de caja, en virtud del cual los pequeños y medianos empresarios y los autónomos no tendrían que abonar el IVA a Hacienda hasta que sus clientes le hubieran pagado la factura. De esta forma se pretendía proteger a las pyme y a los emprendedores que tenían que adelantar un dinero que no habían cobrado, lo que les originaba un grave problema de liquidez y que además estaban financiando así a otras empresas generalmente más grandes y con más recursos. Como este sistema no era automático sino que requería que proveedores y clientes se pusieran de acuerdo y aceptaran los dos jugar con la misma norma, -que implica que estos últimos no pudieran deducirse el IVA hasta que pagaran el servicio-, el IVA de caja ha resultado ser un sonoro fracaso al que apenas se han adherido tan solo un uno por ciento de los 2,3 millones de pymes existentes que han preferido seguir como estaban a perder los clientes si les presionaban para que se adhirieran al sistema. La consecuencia es la decepción de los pequeños empresarios proveedores de bienes y servicios, que también han visto como las medidas antimorosidad han surtido un efecto relativo por el incumplimiento de los plazos establecidos en administraciones públicas y empresa en los pagos.
El mismo fracaso ha supuesto la ley antidesahucios que no ha servido para evitar que otras 80.000 personas perdieran su casa a lo largo del pasado año, o las pólizas de aseguramiento sanitario que el Ministerio de Sanidad ideó para que las suscribieran los inmigrantes ‘sin papeles’ a los que la reforma sanitaria había dejado sin cobertura y a las que solo se han apuntado unas 300 personas en esta situación -que deben pagar entre 60 y 157 euros al mes en función de distintas variables- cuando los inmigrantes irregulares siguen siendo centenares de miles a pesar del éxodo que certifica los datos provisionales del padrón, y que buscan alternativas para su asistencia sanitaria cuando no les queda más remedio.
Hasta el inconmovible ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha tenido que reconocer el efecto perverso de haber subido los requisitos para mantener la beca en las carreras de Ciencias e Ingenierías, y ahora los ha rebajado para favorecer la permanencia de los estudiantes en esas especialidades y que no tengan que reintegrar el dinero percibido por no haber alcanzado los niveles de créditos establecidos tras la alarma provocada por el descenso en el número de alumnos que las cursan.
En fin, estas medidas ‘estrella’ del Gobierno no han pasado el control de calidad de su eficacia.
