La dimisión de todos sus cargos de Francisco Granados es un elemento más que viene a complicar la atípica situación que vive el Partido Popular en la comunidad autónoma de Madrid. Quien en su día fue uno de los principales apoyos de Esperanza Aguirre, como ‘superconsejero’, fue luego defenestrado del gobierno autonómico y de la secretaría general del PP madrileño por falta de confianza.
Con su rápida dimisión de su acta de diputado regional y de su escaño de senador que llevaba aparejada, después de que se conociera que era titular de una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros, cuyo origen sería deseable que explicara él -y Cristóbal Montoro si se acogió a su amnistía fiscal-, Francisco Granados, puede tratar de crear un cortafuegos que impida que su caso afecte más de la cuenta a una organización que afronta una sucesión de escándalos y polémicas pese a la mano de hierro que se supone que aplica la ‘baronesa’ Esperanza Aguirre sobre el partido en Madrid, pero que con sus declaraciones sobre el caso ha dado pábulo al ‘linchamiento’ al que se ha referido Granados a la hora de explicar su decisión de abandonar la vida política.
La dimisión va a permitir a Francisco Granados defender su presunción de inocencia con menor coste político para una organización que se ha convertido en un verdadero problema para la calle Génova, y este caso de presunta corrupción política que afecta a un destacado miembro del partido, aunque no ocupara ahora ningún cargo orgánico, pero que estaba muy presente en los medios de comunicación, viene a complicar aún más la situación del PP madrileño, que puede perder tanto la comunidad autónoma como la alcaldía de Madrid si no encuentran las cabezas de cartel adecuadas.
De ser uno de los bastiones del PP, Madrid ha pasado a ser uno de sus grandes problemas. Madrid tiene un presidente autonómico y una alcaldesa de la capital que no figuraron como cabeza de cartel en las pasadas elecciones; dos de sus anteriores consejeros de Sanidad utilizaron la “puerta giratoria” para volver a la empresa privada en el mismo sector del que privatizaron servicios; uno de los epicentros de la trama Gürtel se encontraba en la región madrileña, y afectó directamente a uno de los consejeros de Aguirre y a numerosos alcaldes populares; Francisco Granados se vio envuelto en un affaire de espionaje sobre otros consejeros autonómicos que aún sigue vivo; tres de los últimos proyectos estrella de la comunidad acabaron estrellados –privatización sanitaria, Eurovegas, Juegos Olímpicos 2020-; el presidente autonómico, Ignacio González, no ha dado explicaciones convincentes sobre un ático de su propiedad en Marbella…Y mientras tanto, Esperanza Aguirre sigue siendo la oposición interna a Mariano Rajoy y a sus decisiones, la última el ‘dedazo’ para nombrar al presidente del PP andaluz, mientras que se desarrolla una lucha interna porque ni Ignacio González ni Ana Botella parecen los candidatos adecuados para volver a ganar a las elecciones en ambas plazas, y lo último que querría Rajoy es acceder a una candidatura de Aguirre a la alcaldía, que ella dice no desear.
Francisco Granados, convertido ya en un ciudadano que deja de estar cubierto por el manto de los cargos políticos tiene las manos libres para articular la defensa de su honor como mejor le convenga –se supone que dando explicaciones convincentes sobre el origen y tributación de la cuenta en Suiza- y las autoridades competentes para fiscalizar esos aspectos podrán actuar también con mayor rapidez.
