En el atletismo son los jueces los encargados de mover el listón del salto de altura y del salto con pértiga. El atleta que más alto llega gana, establece el récord y si alguno quiere superarlo ya sabe lo que tiene que hacer. Pero lo que no se puede ser es juez y parte, poner el listón a conveniencia y luego saltar, porque es hacer trampas. Así, no se debería acusar de politizar el Tribunal Constitucional a los adversarios si a continuación se hace lo mismo, o se desprestigia a quien lo preside cuando vota a favor de los intereses de quien lo ha elegido para realizar a renglón seguido una férrea defensa de aquel al que han aupado cuando se ha producido el cambio. Tras los ataques a María Emilia Casas y a Pascual Sala, Francisco Pérez de los Cobos, ha iniciado su mandato rodeado de varias polémicas que ponen en cuestión su parcialidad, dejando a este órgano ante debates antiguos como el de la mujer del césar, la colisión de los interés generales con los partidistas, o el efecto de determinadas opiniones de animadversión que pueden contaminar su juicio con respecto a asuntos en los que debe participar en su debate.
El listón quedó muy alto cuando el Partido Popular instó la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps en el debate sobre el Estatuto de Cataluña porque había realizado un informe pagado para la Generalitat de Cataluña cuando era catedrático de Derecho Constitucional. Años después, se encuentra en la misma tesitura Pérez de los Cobos, catedrático de Derecho del Trabajo, autor de un estudio sobre el mercado laboral, cuyas líneas maestras han sido seguidas al pie de la letra en la reforma laboral del Gobierno y que ha sido recurrida por el PSOE. Siguiendo la doctrina aplicada a Pérez Tremp debiera abstenerse de cualquier debate sobre este asunto. Quienes defienden su pertinencia alegan que cómo un experto no va a publicar textos relacionados con su especialidad. Y efectivamente, es lo normal. Ahora pero también con anterioridad y se debiera aplicar la misma vara de medir.
Resulta también de dudosa eficacia política que portavoces del PP quieran trasladar a los senadores socialistas la responsabilidad de no haber preguntado a Pérez de los Cobos sobre su militancia en el partido que lidera Mariano Rajoy cuando se examinó su idoneidad para su cargo. Quizá no se lo podían imaginar, pero más grave aún es que el presidente del TC siguiera pagando su cuota de afiliación tras ser nombrado magistrado, o que se mantuviera como asesor de la OIT con una autorización verbal de su predecesor, cuando el cargo es incompatible con ninguna otra ocupación.
Pero sobre todo Pérez de los Cobos está recusado por la Generalitat para que no intervenga en los 25 recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia que ha interpuesto por su actitud hacia el nacionalismo catalán, y ha obligado al pleno del TC a debatir sobre su independencia. Por el momento los magistrados del TC no han logrado elaborar una resolución de consenso la han dejado para el martes-, con la que se evite la idea de fractura entre conservadores y progresistas que tanto daño ha hecho a la labor de este órgano político. No obstante se puede afirmar que la intervención de Pérez de los Cobos acabará salvaguardada por el voto de los seis magistrados del sector conservador que avalan su capacidad para debatir esos asuntos, y cuenta con el respaldo del Gobierno que en esta ocasión ha bajado considerablemente un listón que puso muy alto en otros casos. Si con ello se contribuye a apagar o a avivar incendios es otro debate.
