Una de las razones esgrimidas por Mariano Rajoy para acometer los cambios en su partido tras las elecciones municipales y autonómicas fue que los errores en la comunicación habían impedido que los éxitos económicos de su gestión llegaran a los votantes. Por ese motivo removió ese área con el recambio de los vicesecretarios generales. Pero parece que el Partido Popular es experto en perder la oportunidad de jugar las bazas que tiene en su mano y en ceder la iniciativa a sus adversarios, en este caso los independentistas catalanes.
Los contrarios a la independencia de Cataluña tenían en su mano tres triunfos con los que poner a Artur Mas y a los partidos y organizaciones coaligados en su lista ‘Junts pel sí’ en un brete. En primer lugar, la declaración sin lugar a dudas de la canciller alemana, Angela Merkel, sobre la soberanía de los Estados miembro y la necesidad de que se cumplan las legislaciones nacionales y los tratados europeos que respaldan la permanencia de las fronteras actuales. Además, al presidente catalán le había salido el tiro por la culata, y lo que pretendía ser otro acto de campaña electoral en sede parlamentaria, explicando porque adoptó hace un mes la decisión de convocar las elecciones autonómicas –como si fuera necesario-, se había convertido en una ocasión de oro para que explicara la trama del 3% que presuntamente afecta a su partido, que tan oportunamente ha reactivado un juez de Tarragona y que tanta tensión genera en las filas secesionistas.
Y a todo ello se puede sumar la carta del expresidente del Gobierno Felipe González, en favor del “entendimiento” para seguir juntos, un gesto apreciado por el Gobierno y su propio partido, y la respuesta en el mismo sentido del dirigente catalanista, Josep Antoni Duran Lleida, que son sendos alegatos en contra de la ruptura de España y del desgarro social en la propia Cataluña.
En estas circunstancias, -a pesar de lo rápido que transcurren los tiempos en política y la poca duración en el debate público de cualquier argumento-, a los estrategas del Partido Popular y del Gobierno solo se les ha ocurrido poner sobre la mesa la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para convertirlo en un poder sancionador, o más bien para sancionar a Artur Mas en el caso de que pretenda declarar la independencia de Cataluña. Le ha faltado tiempo al presidente de la Generalitat, y a sus aliados, para recurrir al victimismo –España nos persigue-.
Al tiempo, han dejado atónitos al resto de los partidos con una iniciativa de tan hondo calado que pretenden resolver de forma unilateral, sin atender a los consensos necesarios, provocando discrepancias políticas y jurídicas que podían ser evitadas, y porque dará carta de naturaleza a un instrumento redundante para hacer frente al secesionismo de Artur Mas, quien ya está siendo investigado judicialmente por la convocatoria del 9-N, dado que el Código Penal y otras leyes que ya prevén sanciones para las autoridades políticas que desobedezcan las normas que son los primeros que están obligados a cumplir.
Y por supuesto, la reforma exprés de la ley del Tribunal Constitucional deja ayuna de contenido cualquier propuesta que realicen los populares catalanes sobre posiciones políticas comunes, porque da la impresión de que lo único que les preocupa es establecer un orden de batalla para para hacer frente al secesionismo.
