En la Comunidad Valenciana y en Murcia se acaba de asistir a dos procedimientos distintos de designación de los líderes territoriales y a dos formas opuestas de encarar el futuro político de las principales formaciones concernidas y la preparación del terreno electoral más allá de los próximos comicios europeos. Los socialistas valencianos fueron los primeros en solicitar a la dirección federal permiso, y lo obtuvieron, para celebrar elecciones primarias a la vista de que en esa comunidad se puede producir el cambio político dado los problemas de corrupción de los que está aquejada y que se visualiza en la anomalía que supone que más del diez por ciento de los integrantes del grupo parlamentario se encuentren imputados por delitos de este jaez.
A los socialistas valencianos las primarias les salieron bien. Ganó el candidato oficialista y actual líder del PSPV, Ximo Puig, las votaciones no estuvieron exentas de suspense porque el otro candidato, Toni Gaspar , realizó una buena campaña, y hubo una participación de cerca de 60.000 personas, tres veces más que el número de militantes. Tras el cierre de filas pertinente, Ximo Puig dispone ahora de todo el tiempo, y la legitimidad de las urnas internas, para centrarse en la labor de oposición y consolidar los pronósticos de las encuestas que dan al PP por perdida la mayoría absoluta.
Un proceso bien distinto se ha seguido para la designación del nuevo líder del PP en Murcia y la sustitución de su presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, que se integrará en la candidatura europea, como había pedido. El ‘dedazo’ de Valcárcel había señalado como sucesor a su consejero de Educación y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, pero una imputación judicial de cohecho por la compra de su vivienda que se mantiene viva ha frustrado sus planes, y aunque él asegura que seguirá el camino de otra decena de acusaciones realizadas por los socialistas murcianos, por lo pronto ha obligado a Valcárcel a nombrar a Alberto Garre, en la actualidad vicepresidente de la Asamblea de Murcia, como presidente autonómico sobre el que pesa la sospecha de ‘interinidad’ a la espera de la resolución del ‘affaire’ judicial de Pedro Antonio Sánchez.
Los estatutos del PP dan a su presidente vara larga para la designación de los líderes territoriales y de los candidatos a ocupar el primer puesto en las listas electorales autonómicas y municipales y entretanto las peticiones de otros procedimientos más democráticos quedan sobrepasadas por los llamamientos a la unidad o son propuestas de díscolos o versos sueltos como la petición de primarias que realizó Esperanza Aguirre para las elecciones en Madrid, más para mostrar su oposición a Mariano Rajoy que como un verdadero acto de rebeldía.
Y todo ello en el marco más perentorio de la elaboración de la candidatura europea en la que el PP sigue sin cabeza de lista –Arias Cañete cada vez insinúa con más firmeza que no será él- y alguna posible incorporación, como la de Alicia Sánchez-Camacho, abriría otro frente territorial, en este caso en un momento muy inoportuno por las especiales circunstancias catalanas, y porque los últimos repartos del poder regional se han saldado con un enfrentamiento larvado entre las dos mujeres del PP que acumulan más poder, Sáenz de Santamaría y De Cospedal.
