Se ha visto como en algunos países europeos ministros e incluso presidentes han dimitido por haber copiado una tesis doctoral, o por haber recibido un regalo inapropiado o por haber sido cogidos en una mentira que afecta a su vida personal. Si la mentira o el enmascaramiento de la realidad responden a un asunto oficial, el tiempo en el que tardan en presentar su renuncia es infinitesimal.
Dos asuntos de una gravedad destacada están a la espera de que se produzca alguna asunción de responsabilidades porque afectan a sendo ámbitos de la política que requieren que no haya sombra de dudas sobre la actuación de los políticos a cargo de resolverlos: uno es el ámbito de la inmigración irregular y de los sucesos de Ceuta; el otro, la situación en Navarra tras las declaraciones en sede parlamentaria de la ex responsable de la Hacienda Tributaria foral.
Si un director de la Guarda Civil afirma que no se utilizó material antidisturbios para evitar que dos decenas de inmigrantes irregulares pisaran la playa del Tarajal en Ceuta, y luego se confirma su uso tanto por las imágenes grabadas como por la propia declaración del ministro del Interior en sede parlamentaria, alguna responsabilidad se deberá asumir por parte de quien no contó las cosas como debía en un primer momento, intentó enmascararla culpando a las víctimas de una actitud de violencia desaforada, o en último extremo tratan de desviar la atención hacia la actitud de los agentes al frente de la operación.
El ahogamiento de quince de los inmigrantes que trataron de alcanzar la costa española en aguas de jurisdicción marroquí bajo la vigilancia de patrulleras que estaban a la espera de su entrada en aguas españolas, y una vez allí fuera cuando se utilizaron los medios disuasorios, es la imagen de que algo falla en el control de la inmigración y en los acuerdos con Marruecos para evitar estos sucesos, -y de que los naufragios de Lampedusa han servido de poco- mientras por otra parte crecen las denuncias de que se devuelven inmigrantes irregulares a Marruecos sin haberles aplicado la legislación de extranjería vigente.
El caso navarro exige también dimisiones y que no se intente desviar la atención sobre lo que ha ocurrido con la denuncia formulada por la exdirectora de la Hacienda Tributaria de Navarra contra su jefa, la consejera de Hacienda y vicepresidenta, que habría reclamado datos oficiales para fines particulares.
La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina confía en la inocencia de su ‘número dos’ y en lugar de cesarla y dejar que el presunto caso de corrupción se dilucidara en los tribunales ha desencadenado una crisis política que desembocará, por fas o por nefás, en la convocatoria de elecciones anticipadas, que se celebrarán junto con las elecciones europeas, y que pondrían fin a una legislatura convulsa en la comunidad foral en la que UPN gobierna en minoría.
La disolución del Parlamento navarro se puede producir por dos vía, o directamente por parte de la presidenta foral, bien como consecuencia de los resultados de la comisión de investigación que, a toda prisa, debe juzgar políticamente la acusación contra la consejera navarra y que desembocaría en una moción de censura.
Estos son los hechos, luego vienen las interpretaciones sobre a quién y en qué circunstancias le tocará bailar con Bildu, un socio que los socialistas no quieren cerca, y por ese motivo tratan de no perder la iniciativa política, porque hay quienes ya se están encargando de desviar la atención para convertir el caso de la vicepresidenta Lourdes Goicoechea en el caso PSN-Bildu.
