Una de las peguntas que las autoridades municipales deben responder es si el conflicto generado por las obras en el barrio de Gamonal de Burgos podrían haberse evitado con anterioridad aplicando las decisiones que han adoptado después de una semana de protestas y altercados, si el diálogo que ha ofrecido a oposición y vecinos se hubiera desarrollado con antelación. Hablar es siempre el mejor instrumento para evitar los problemas aunque se disfrute de mayoría absoluta en las instituciones que muchas veces tiende a interpretarse como una patente de corso.
Que las modificaciones en la calle Vitoria estuvieran plasmadas en el programa electoral y que esta sea la principal fuente de legitimación de la actuación del Ayuntamiento parece un sarcasmo visto lo visto a lo largo de la vida democrática y resumido en la frase del alcalde de Madrid, Enrique Tierno, cuando dijo aquello de que los programas electorales están para incumplirlos. Que más quisiera la ciudadanía que un programa electoral fuera un contrato de obligado cumplimiento en todos sus términos, o al menos en los que afectan a su calidad de vida.
No se trata por supuesto de deslegitimar las instituciones democráticas, ni la representatividad de los cargos electos, ni de dar paso a una democracia asamblearia, sino de que los responsables políticos sepan tomar el pulso a la calle y sean capaces de resolver los problemas en lugar de acentuarlos, porque la democracia no es solo ejercer el derecho de voto cada cuatro años, y más en circunstancias sociales y económicas tan cambiantes, sino que también se compone del ejercicio de otros derechos que los responsables políticos tienden a minusvalorar cuando no a ignorar. Y cada vez es más patente el interés ciudadano por la cosa pública, bien sea porque se está más vigilante ante los casos de corrupción, bien porque se presta más atención a cómo, cuándo y dónde se gastan unos recursos públicos cada vez más reducidos. Entretanto, los partidos se ven incapaces de canalizar esas preocupaciones de los ciudadanos.
Porque uno de los motivos fundamentales de las protestas en Burgos ha sido la cuestión de las prioridades y los beneficios, al dedicarse una cuantiosa inversión a una infraestructura que puede esperar la llegada de tiempos mejores, cuando existen otras necesidades más perentorias que atender en el barrio o en el conjunto de la ciudad.
Los incidentes de Burgos, como otros en distintas ciudades, son un síntoma del hartazgo tras cinco años largos de crisis económica, de las medidas adoptadas para resolverlas y de sus secuelas, sin que haya llegado todavía a producirse un estallido social generalizado que desde las instancias oficiales se trata de evitar mediante el recurso a la incipiente recuperación económica.
Sin duda que el uso de la violencia para defender cualquier reivindicación priva de la razón a quien la utiliza, y que los incidentes de Burgos han tenido un componente violento de todo punto injustificable, pero es de esperar que en el ánimo del alcalde de Burgos hayan pesado más las manifestaciones pacíficas de unos miles de vecinos que los destrozos ocasionados por unas decenas de jóvenes violentos del propio barrio sin participación de antisistemas llegados de otras partes.
Y como se entra ya en periodo electoral, cabe preguntarse si la decisión del Ayuntamiento de Burgos de paralizar las obras y de abrir una ronda de diálogo responde al convencimiento sincero de que es necesario el consenso, o si han pesado más los efectos políticos que podría tener sostenella y no enmendalla.
