Es de agradecer que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy renunciara a la táctica del ventilador y no quisiera responder a las preguntas del líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, sobre el caso Bárcenas con una réplica en la que pusiera al dirigente socialista ante el espejo de los ERE fraudulentos que se han registrado en Andalucía, al día siguiente del auto de la juez Mercedes Alaya en el que invita a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán a declarar voluntariamente en la causa sin que hayan sido imputados.
Puede que Rajoy se haya curado en salud porque el auto de la juez Alaya es lo suficientemente confuso como para que la Fiscalía Anticorrupción esté estudiando recurrirlo y carece de eficacia jurídica, mientras que es indudable su eficacia política porque la confusión que ha causado lleva a certificar que Chaves y Griñán ya están imputados cuando no es así y la juez sigue sin concretar de que delitos les acusa, porque entonces, con carácter inmediato, tendría que dejar la instrucción del sumario en manos de tribunales superiores, a no ser que esté esperando al nombramiento de Griñán como senador de designación autonómica para enviar directamente el caso al Tribunal Supremo. Si tiene tan clara la imputación de Griñan debiera hacerlo al minuto siguiente de su toma de posesión, y ya es conocido que la juez es experta en hacer coincidir los tiempos políticos y judiciales.
De Rajoy abajo, sin embargo, el resto de dirigentes populares no dejaran de utilizar el auto de la juez Alaya para oponerlo a la presión que ejerce la oposición por el caso Bárcenas y harán caso omiso de la presunción de inocencia para los exmandatarios andaluces que piden con relación a sus afectados por el caso Bárcenas. Contradecirán así a su jefe de filas que en su comparecencia del pasado 1 de agosto afirmó que 'un imputado no es un condenado. Y una persona que ni siquiera ha sido llamado a los tribunales, menos aún, y en esta circunstancia se encontrarían, por ahora, Chaves y Griñán.
Mientras, Rajoy sigue obviando las últimas declaraciones conocidas en sede judicial de María Dolores de Cospedal junto a otras desmemorias- que le señalan como el artífice del acuerdo económico con el extesorero Luis Bárcenas, que de una u otra forma continuo ligado al PP hasta diciembre de 2012 hasta que cobró la indemnización total mediante nóminas como si estuviera trabajando, y se reafirma en todo lo que dijo en su comparecencia parlamentaria , en la que por una parte reconoció que se habían recibido sueldos complementarios, y por otra negó que su partido se hubiera financiado ilegalmente, todo rodeado por el reconocimiento de su error de creer a un falso inocente.
Y en tanto los procesos de Bárcenas y los ERE falsos se dilucidan en el ámbito judicial es preciso avanzar en el ámbito político para tratar que la enésima propuesta sobre un pacto anticorrupción de todos los partidos llegue a buen puerto y tenga una eficacia probada. La vicepresidenta del Gobierno, lo ha vuelto a plantear ayer durante su turno en la sesión de control al Gobierno, pero ¿por dónde empezar? Esperar que los dos principales partidos, que son los más afectados por sus responsabilidades de gobierno pasadas que hagan un acto de contrición o que estén dispuestos a llevar la exigencia de transparencia a sus últimos extremos conduce a la melancolía. De ahí la importancia de que los jueces actúen con rapidez pero sobre todo con resoluciones con las que salvaguarden su labor y no la pongan en cuestión añadiendo confusión a asuntos ya de por sí suficientemente difíciles de investigar.
