El anuncio de la abdicación del rey y todas las informaciones generadas a su alrededor, desde las formalidades de la proclamación hasta el futuro aforamiento de don Juan Carlos, ha relegado a páginas o minutos posteriores las informaciones relativas a la corrupción política, el segundo problema percibido por los españoles según el CIS, que no han dejado de fluir en todas las direcciones.
Los jueces Pablo Ruz y Mercedes Alaya, como un martillo pilón, prosiguen sus investigaciones sobre el caso Gürtel/Barcenas y el caso de los ERE, mientras por el noroeste las consecuencias del caso Pokémon no deja de causar víctimas. Cada vez con mayor certidumbre el juez de la Audiencia Nacional sigue relacionando los apuntes manuscritos de los ‘papeles de Bárcenas’ con actuaciones objetivas, a través de los informes policiales y de Hacienda, que relacionan los pagos en negro al arquitecto que llevó a cabo la reforma de la sede central del PP con sus ingresos, y le pone cerco ante las evidencias de un supuesto fraude fiscal por el dinero recibido y no declarado procedente de la caja b que administraba Bárcenas, y que se nutría de las donaciones ilegales que realizaban empresarios que luego contrataban con distintas administraciones. La reforma de Génova 13 se realizó con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en la cúspide del partido. Pero la posición del partido es que de las cuentas solo se encargaba Bárcenas que hacía y deshacía a su antojo.
Otras derivadas del caso Gürtel-Bárcenas afectan a la financiación ilegal de algunas organizaciones regionales del partido, bien para hace frente a las campañas electorales, como es el caso del PP de Madrid, donde se habrían financiado actos electorales con dinero público procedente de la Comunidad Autónoma que previamente habría llegado a la trama Gürtel. O como la reforma de la sede del PP de La Rioja, sobre la que recae la sospecha de haber sido financiada también de forma irregular. El juez ha aplicado una petición de sentido común: que presenten los datos del crédito con el que fue pagada.
En fin, pese a la necesidad de que los procesos de corrupción se sustancien con rapidez, para despejar dudas sobre la honestidad de los dirigentes de los partidos, todos ellos tratan de acotar responsabilidades personales en lugar de establecer una verdadera colaboración con la justicia sin artimañas dilatorias, y sin realizar en ningún caso un acto de contrición que podría tener las consecuencias de un terremoto. Y eso mismo vale también para el caso de los ERE o el desarrollo judicial que pueda tener el caso de los cursos de formación en Andalucía. Mientas no se resuelvan todos estos asuntos de presunta corrupción en la que aparecen relacionados partidos u organismos institucionales, y la transparencia sea la norma y no la excepción, la preocupación ciudadana está más que justificada.
Valencia, Madrid, Andalucía han estado en el centro de los casos de corrupción, pero es en Galicia, en los últimos días, donde las consecuencias de los casos de corrupción han dejado al Ayuntamiento de Santiago de Compostela en cuadro tras la dimisión de la sucesiva dimisión de los concejales populares y que se ha llevado por delante a la portavoz del PP gallego, Paula Prado.
Cuando pasen los ecos de la proclamación de Felipe VI, la corrupción, como el dinosaurio, todavía estará ahí.
