Dice el ministro del interior, Jorge Fernández Díaz que las críticas que han suscitado las informaciones conocidas sobre algunos de los puntos más conflictivos del anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana no responden a la realidad del contenido del texto, con lo que habrá que esperar a lo que apruebe hoy el Consejo de ministros, si finalmente la ley es analizada por todos los miembros del Gobierno.
Como los cambios que se han comentado han generado mucha inquietud entre todos los partidos de la oposición y los movimientos sociales, que ven algunas de las medidas previstas como un ataque directo a los derechos de expresión y manifestación, sería un alivio que no fuera así, que todo hubiera sido un globo sonda para ver como reaccionaban los ciudadanos y que, ante lo disparatado de algunas multas previstas, el Gobierno diera marcha atrás.
En cualquier caso sería una buena decisión que el ministro del Interior adoptara el compromiso de uno de sus predecesores, el socialista José Luis Corcuera, autor de la Ley de Seguridad Ciudadana aún vigente, que anunció que dimitiría si el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad de su medida estrella, la patada en la puerta que permitía a la policía entrar y registrar un domicilio sin autorización judicial, cuando tuviera conocimiento fundado de que se estaba cometiendo un delito flagrante . Si Fernández Díaz toma la misma decisión la ciudadanía podría tener un resarcimiento si el TC, que tendrá que decidir sobre la futura ley de forma casi inevitable tras el anuncio realizado por el Grupo Socialista, declara la inconstitucionalidad de algunos de sus aspectos.
En efecto, más que una ley de seguridad ciudadana se trata de una ley de protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la panoplia de conductas que se van a sancionar de forma abultadísimas, como las previstas para aquellos que graben y difundan imágenes de los agentes de policía en el ejercicio de su trabajo. Sin embargo la difusión de esas imágenes en algunas ocasiones han puesto de manifiesto la desproporción de la respuesta policial frente a algunas actuaciones o manifestaciones y ejemplos suficientes ha habido en los últimos tiempos.
Incluso una decisión aparentemente positiva como la transformación de algunas faltas en infracciones administrativas, lejos de favorecer el ejercicio de derechos civiles suponen un intento de restringirlos por la vía del acoso económico. Así pasará con las manifestaciones de protesta no autorizadas, las realizadas frente a determinadas instituciones, los escraches
El mejor blindaje a las instituciones viene por la adhesión ciudadana a ellas y no tanto por las medidas policiales, ha afirmado con tino el portavoz peneuvista Aitor Esteban. Pero en un momento de desprestigio de los políticos y de desafección hacia las instituciones políticas se recurre nuevamente a medidas que tienen que ver más con la represión que con la explicación de las causas que motivan las protestas.
No cabe duda de que la ley o lo conocido hasta ahora- contiene también otros aspectos positivos que se relacionan directamente con aquellas conductas que los ciudadanos identifican como generadoras de inseguridad y que merecen una tipificación y una sanción más dura, como los asuntos relacionados con el tráfico de drogas, el ejercicio de la prostitución en determinados ambientes o los nuevos delitos que han surgido y que merecen una respuesta policial adecuada. Pero una vez más cuando se presenta un conflicto entre seguridad y libertades ya se sabe cual será el resultado.
