En el debate sobre la cuestión catalana se produce una coincidencia entre 'barones' populares y socialistas, que temen que la resolución del conflicto acabe con un acuerdo sobre financiación autonómica que favorezca a Cataluña en detrimento de otras comunidades autónomas como ha ocurrido con el reparto asimétrico del déficit público. Quienes con más contundencia se han expresado en la zona popular han sido dos presidentes regionales que tiene una relación bien distinta con Mariano Rajoy: más tensa la del presidente madrileño, Ignacio González, que dirige una comunidad cumplidora con el déficit y más solidaria que Cataluña; y más próxima al presidente del Gobierno la de Alberto Núñez Feijóo, a quien tampoco le hace gracia ni las prebendas ni la bilateralidad. Desde el ámbito socialista la 'baronesa' con más poder, Susana Díaz, no dejó pasar su discurso de investidura sin subrayar la igualdad de todos los españoles como bien superior para oponerse a las pulsiones soberanistas de Cataluña y esta posición la respaldan otros expresidentes regionales.
Ocurre que a estas alturas del debate político y de las aspiraciones catalanas este problema no se resuelve con un nuevo modelo de financiación que en cualquier caso se les quedará corto a los líderes catalanes a las vista de su necesidades acuciantes.
La apuesta de reforma federal de la Constitución también ha hecho coincidir a un socialista de la vieja escuela, aunque jubilado y con poco predicamento dentro de la organización, el exministro José Luis Corcuera con el propio presidente del Gobierno al pedir a Rubalcaba que aclaren su modelo federal para España. Probablemente ninguno de los dos prestara mucha atención a las conclusiones de la Declaración de Granada en la que los dirigentes territoriales socialistas, incluido Pere Navarro, que apuestan por la incorporación a la Constitución de 'los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales territoriales y lingüísticas' que reflejan la diversidad española, pero sin que ello suponga ningún privilegio para ningún territorio. Como resumió el propio Rubalcaba, 'hay un derecho a la diferencia, que no una diferencia de derechos', y desde luego no apoyaron el derecho de autodeterminación y eso lo debiera saber Rajoy desde hace tiempo para no tratar de confundir. Pero los socialistas no resolvieron dos hechos fundamentales o al menos hubo interpretaciones diferentes entre Rubalcaba y Navarro que dejan las espadas en alto, si Cataluña es o no una 'nación' como aprobó el Parlamento catalán y el empeño del PSC en apoyar el derecho a decidir para votar por el mantenimiento de la unidad con España.
Pero la Constitución actual ya distingue entre 'nacionalidades' y regiones, aunque esa vía no se exploró en su momento y ahora hay que lidiar entre quienes no han dudado en tratar de recentralizar y quienes quieren separarse. ¿Será posible recuperar un clima de lealtad institucional entre el Gobierno central y la Generalitat como ha demandado Rajoy a Artur Mas? La lealtad supone acatamiento del marco jurídico-político actual que impide el derecho de autodeterminación pero errores de bulto respecto a Cataluña ?desde la petición de firmas a la política lingüística y educativa- han contribuido a exacerbar las diferencias. Por su parte Artur Mas también debe echar el freno. Con todas las consecuencias.
Y entre todos se deben explorar caminos que busquen coincidencias en la defensa de la libertad y la igualdad sin olvidar el derecho a la diferencia, que no es el de autodeterminación.
