Once años justos después de que el petrolero Prestige lanzara un SOS por sus dificultades para navegar como consecuencia de la tormenta que se había desatado en el Atlántico frente a las costas gallegas, la sentencia de primera instancia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña no ha encontrado ninguna responsabilidad penal en la mayor catástrofe ecológica producida en nuestro país, ni en los oficiales al mando del petrolero, el capitán Apostolos Mangouras y el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos, ni en el único responsable político encausado, el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.
Los once años que ha durado el proceso no han servido ni tan siquiera para determinar la causa exacta del hundimiento del petrolero cargado de un fuel cuyo vertido afectó a más de 1.600 kilómetros de costa, desde la desembocadura del Miño hasta Francia, y avala la decisión de alejar el barco de la costa gallega en lugar de trasladarlo al abrigo de un puerto, aunque durante la vista oral los expertos se dividieron a la hora de valorar esa iniciativa. Pero la consecuencia económica más importante es que la sentencia tampoco determina que haya quien asuma la responsabilidad civil, y por tanto los más de 4.300 millones de daños causados por la marea negra según la estimación del fiscal tan solo se van a recuperar 22 millones depositados por la aseguradora del barco. En definitiva, la tragedia del Prestige se salda sin causas, sin culpables y sin indemnización.
A la vista de la sentencia que solo ha condenado a nueve años de cárcel al capitán del Prestige por desobediencia al no facilitar la tareas de alejamiento del petrolero, queda la certeza de que los delitos medioambientales siguen siendo el campo de batalla de un entramado de poderosísimos intereses económicos que se confabulan para burlar con impunidad todos los controles. A estas alturas la única evidencia es que el Prestige era un petrolero chatarra con 26 años de antigüedad cuyo deficiente estado de mantenimiento y conservación está en el origen del naufragio, y por tanto cunde la sensación de que en el banquillo no se han sentado todos los responsables de que el barco continuara navegando en condiciones que no eran las idóneas. Y curiosamente el único responsable de que esto sucediera, la clasificadora ABS, no se sentaba en el banquillo. Al faltar el carácter ejemplarizante que deben tener las sentencias, se da pie a que las navieras traten de burlar las normas y que vuelva a ser posible un suceso de las mismas características, porque la preocupación de aseguradoras y armadores era que las indemnizaciones multimillonarias forzaran a adoptar decisiones que auemtnara el coste de los fletes y por ese motivo habrán visto con alivio la sentencia.
En cuanto a las responsabilidades políticas derivadas de aquellos hechos ya fueron juzgadas electoralmente y dejaron ver la insuficiente respuesta que tuvo en el primer momento tanto por parte de la Xunta de Galicia como del Ministerio de Fomento, a lo que se añadió el intento de minimizar la importancia del desastre con la información sobre los hilillos de plastilina.
Si alguna consecuencia positiva ha tenido el hundimiento del Prestige están relacionadas con la mayor capacidad de reacción y de la existencia de mejores sistemas de vigilancia en Galicia para el caso de que se pueda producir un suceso de características semejantes, pero una vez más la justicia llega tarde y la sentencia deja la sorpresa de que no halla ni culpables ni causas.
