Casado se salva

Suspiro de alivio en el Partido Popular tras la decisión de la fiscalía el Tribunal Supremo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado al dar carpetazo a la investigación sobre las presuntas irregularidades en la obtención de un máster por la Universidad Rey Juan Carlos, al  considerar que no existen indicios suficientes de que se haya beneficiado a sabiendas de las irregularidades que han rodeado su concesión y que haya prescrito el delito de cohecho, algo que ya advirtió el propio dirigente popular en el mes de agosto anticipando su exculpación.  
El PP entra así en modo campaña electoral con su líder limpio de polvo y paja si, como es de prever, la Sala de Admisión del Tribunal Supremo decide seguir la senda iniciada por la fiscalía y no da paso a la causa, que seguirá en los tribunales ordinarios para el resto de encausados, para aquellos en los que la juez de instrucción de Madrid si ha apreciado indicios de delito, aunque todos ellos recurrirán a la decisión de la fiscalía sobre Pablo Casado para armar su defensa. .
Si en lugar de que el Gobierno haya pedido hoy el informe al Consejo de Estado sobre la propuesta de reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos de los miembros del Gobierno y de los diputados y senadores, ya estuviera en vigor, la causa de Pablo Casado estaría viva y la ‘investigación prospectiva’, que considera inadecuada la fiscalía del Supremo, seguiría su curso. De hecho la misma magistrada que instruye el caso de los másteres presuntamente fraudulentos, Carmen Rodríguez Medel, ha acordado abrir diligencias previas y ha pedido información a la Universidad Rey Juan Carlos, tras una denuncia anónima presentada contra la ex ministra Carmen Montón,  que dimitió tras conocerse que tenía un máster obtenido de forma muy similar a la de Pablo Casado y que se defendió, antes de abandonar el Gobierno con los mismos argumentos, defendiendo que había cumplido con los requisitos que le habían marcado.  
Si la decisión de la fiscalía del Supremo se hubiera conocido con antelación, quizá Carmen Montón seguiría siendo miembro del Ejecutivo, y aunque  el listón de la asunción de responsabilidades políticas cuando existen sospechas de que se han podido cometer irregularidades se ha subido mucho, las circunstancias políticas son las que determinan que unos las asuman antes y otros esperen hasta el último momento, cuando hay una decisión judicial por medio.  
La decisión de la fiscalía es una demostración además de su autonomía con respecto al Gobierno, y que el informe del fiscal del Supremo haya contado con el aval de la fiscal general  vendría a corroborarlo. Nada interesaba más al Gobierno que el líder del PP estuviera bajo investigación, aunque esa decisión esta en manos de un tribunal compuesto por cinco jueces, cuatro de ellos de talante conservador y una magistrada de carácter progresista, que son quienes decidirán finalmente el archivo o no de la causa.  
Pablo Casado ha respirado con alivio y con él su partido que hasta ahora ha realizado una labor de oposición demediada por la situación que atravesaba su líder.