Quien da primero da dos veces, ha debido pensar la dirección socialista para ir lanzando algunas de sus propuestas fundamentales que contendrá el programa electoral para el 20-D, a falta de que se conozca en su integridad tras el debate pertinente en sus órganos partidarios. Es adecuado como han señalado dirigentes socialistas que el programa se entienda como un contrato con la ciudadanía –desterrando el síndrome Tierno Galván- y que las propuestas lleven emparejadas una memoria económica para que se conozca su coste y de donde van a salir los fondos para llevarlas a cabo. Y se supone que tienen que cuadrar los capítulos de ingresos y de gastos.
Mucho más importante es que el programa se entienda como “un proyecto de país”, que es precisamente de lo que ha adolecido esta última legislatura en la que el Gobierno ha estado pendiente de que le salieran las cuentas macroeconómicas, mientras por el camino crecía la desafección por los casos de corrupción, aumentaban las desigualdades y se desmadraba el problema territorial con la excusa de la crisis económica, sin que se ofrecieran soluciones políticas que lo atenuaran y sin que se abordaran asuntos pendientes que tiene que ser objeto de acuerdo entre las principales formaciones políticas para poner remedio a problemas que se van agudizando como la precariedad de medios de la Justicia, o un verdadero acuerdo sobre financiación autonómica, el modelo fiscal o la reforma de la Constitución.
Los socialistas hablan de manos tendidas y de su capacidad de diálogo para llegar a acuerdos, que es una cualidad en la que el PP se está entrenando en los ayuntamientos y comunidades autónomas en las que gobierna con apoyo de Ciudadanos, pero que ha sido una práctica en la que no está muy ducho: le ha faltado generosidad en épocas de mayorías absolutas en las que ha primado su visión ideológica sobre las necesidades del país, y se ha quedado solo cuando el PSOE no ha dispuesto de mayorías suficientes que ha tenido que completar con el apoyo de otros grupos políticos. Para el periodo que se abre va a ser necesaria mucha generosidad por parte de todos los partidos políticos si se quiere recuperar un espíritu de acuerdo que permita hacer las “reformas radicales” que se necesitan para "hacer un país entre todos y no de unos contra todos", como ha dicho Patxi López.
Pero como en todo programa electoral es preciso separar el grano de la paja y no acumular propuestas arbitristas de imposible cumplimiento, o que tienen más desventajas que ventajas. ¿Por qué proponer que la educación obligatoria se extienda hasta los dieciocho años, cuando este no es el principal problema educativo que tiene nuestro país? ¿Por qué se abandona la idea, mucho más eficaz para mejorar la calidad de la educación, de que los maestros pasen una especie de “MIR” como propuso en su día Pérez Rubalcaba, porque a nadie se le escapa que es preciso mejorar la formación del profesorado? Y en este terreno, ¿por qué no se propone que no se levantarán de la mesa hasta que se logre un verdadero pacto educativo que no haga que estas leyes se cambien cada poco?
Si el PSOE logra gobernar, con cumplir el compromiso de derogar las leyes aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy -ley Wert, ley mordaza…-, ya tendría comprometidos los primeros consejos de ministros.
