El juez Pablo Ruz tiene prisa para acabar con la instrucción del caso Gürtel, que en estos días cumple cinco años de instrucción, y se ha cansado de pedir que le enviaran los informes que había solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal o a Hacienda para tratar de cerrar el círculo de sus investigaciones. También en el PP tienen prisa para que se acabe el goteo de informaciones que apuntan a una posible financiación ilegal de algunas de sus actividades políticas.
Cada informe que se conoce de la UDEF da pistas sobre nuevos receptores de dádivas y de desvíos de fondos a algunas organizaciones regionales del PP, mientras se consolida la idea de que los dirigentes de la trama Gürtel manejaban ingentes cantidades de dinero para sobornar a cargos públicos de las Administraciones gobernadas por este partido para conseguir obras o servicios con los que engrosar las cuentas de sus sociedades.
A medida que la UDEF disecciona tanto la forma de conseguir fondos, bien directamente con dinero pagado para la organización de actos del PP, sobre todo en la Comunidad Valenciana pero también en Madrid, que llevaban implícito un abultado sobrecoste, bien como intermediarios con otras empresas a las que facilitaban la contratación, o bien procedente de la compraventa de bienes muebles e inmuebles. Curiosamente el último informe de la UDEF olvida de registrar otros datos que ya son conocidos como el regalo de bodas de Francisco Correa a la pareja Agag-Botella y los regalos de los que fue participe presuntamente la ministra de Sanidad Ana Mato. La ausencia de estos datos se podría subsanar en otros informes subsiguientes y en cualquier caso ya obran en autos.
En su día, el PP abroncó a la UDEF por creer a pies juntillas a un delincuente en prisión, Luis Bárcenas por sus declaraciones sobre el supuesto pago en B de las obras de la sede central de Génova, que incluso llegó a ser registrada por la Policía. Ante aquellas críticas, los sindicatos policiales salieron en tromba a defender la profesionalidad de sus compañeros.
Ocurre que en el último documento de la UDEF aparecen nuevos nombres de diputados populares, o el del asesor áulico de los presidentes populares, Pedro Arriola, y otra vez Francisco Camps, como perceptores de regalos de la tramas urdida por Correa, y cada informe abre nuevas vías de investigación.
Casos como el Gürtel con su pieza separada del caso Bárcenas, unido a los casos de fraude que se investigan en Andalucía contribuyen a que la corrupción y el fraude se mantengan como segunda preocupación de los españoles, según el CIS, lo que se compadece con un reciente informe europeo que sitúa a España como uno de los países en los que existe una percepción de la corrupción más alta.
Los dirigentes de este partido mantienen que son la única organización que no se ha visto afectada por asuntos relacionados con la financiación ilegal. El silencio de los últimos días del extesorero del PP, Luis Bárcenas, salvo la andanada a quien fue su predecesor, puede ser el preludio de una nueva aportación de datos que pudieran venir a corroborar la existencia de la otra gran incógnita a resolver, la existencia de los sobres y sobresueldos de los que se afirma que todo es mentira, salvo alguna cosa, complementado por el cada palo que aguante su vela de María Dolores de Cospedal y que ha vuelto a la escena por boca del portavoz popular, Carlos Floriano, aunque en este caso se refiriera al ex general secretario y ahora adversario, Francisco Álvarez Cascos.
