Vivimos, sí, en la desmesura. La de ciertos tuiteros que insultan de la manera más zafia al Rey, a quienes se sienten católicos, a las instituciones. La de quienes, desde el otro lado, insten en cargar con mano dura contra los que insulten al Rey, contra quienes blasfeman, contra quienes queman banderas; nunca se persiguió más, mordaza legal en mano, a los mentecatos, a esos imbéciles, tan desgraciados, que viven su cuarto de hora de protagonismo con un tuit de mal gusto, faltón y siempre envidioso. Lo estoy diciendo, claro, a cuenta de la polémica desatada por el debate parlamentario despenalizando los insultos al jefe del Estado, los ataques a la Iglesia católica o a algunas instituciones que, siento muchísimo decirlo, ya se ocupan ellas solas de desacreditarse con fallos revisables sobre hipotecas y otros malos pasos que generan, sobre todo, inseguridad jurídica.
Hay que diferenciar casos y casos. No es lo mismo una llamada pública a asesinar guardias civiles que cantar una letra enloquecida y despreciable por parte de un rapero. Creo que un Estado de Derecho, como lo es el nuestro, tiene que admitir los exabruptos de quienes carecen de esa sensibilidad elemental de la elegancia en la discrepancia y en el debate.
Soy, y siempre me he declarado, incluso cuando, en mi juventud más `arriesgada` milité en un partido de la izquierda clandestina, monárquico. O, más exactamente, partidario de una monarquía que sea criticable, como la de la última etapa de Juan Carlos I, y, en el otro extremo, se gane todos los días el puesto, como la de Felipe VI. Pienso que en un país como esta España actual es mejor este sistema que una República, salvo que quien ostente la Jefatura del Estado se haga acreedor, como a punto estuvo de hacerlo Alfonso XIII, a una destitución. Lo digo para que los eternos lapidadores no digan que ahora quiero debilitar, apoyando la despenalización del insulto al monarca o la posibilidad de que un Parlamento regional repruebe la figura del Rey, a la principal institución del Reino de España.
Volterianamente, en el sentido de que daría la vida para que quien alberga ideas que aborrezco las pueda expresar libremente, creo que hay que respaldar a Pablo Iglesias cuando critica a la Monarquía y al monarca. Tiene perfecto derecho a ser republicano y me sorprendería que, en su caso, no lo fuera. Otra cosa es que Podemos sea el principal aliado de Pedro Sánchez en su lucha por permanecer en La Moncloa, y las críticas de Iglesias contra el arquitrabe del sistema salpiquen la gobernación del PSOE, cuyo líder ha prometido defender la Constitución monárquica. Es, simplemente, una mueca más en el conjunto de los elementos surrealistas que pueblan la política española.
Creo que la Monarquía, las instituciones —desde la Corona a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial—, tienen que ganarse el aprecio ciudadano, de los ciudadanos de bien que practican la elegancia social del diálogo y no la incivilidad del insulto. Hace tiempo que pienso que el Rey, al que juzgo acaso el mejor de la Historia de España, tiene que emprender una senda de potenciación de su imagen, arriesgando algo más en el envite. Tampoco pasaría nada, digo yo, si las fuerzas políticas constitucionalistas, desde el Gobierno hasta la oposición, empeñasen sus esfuerzos en la tarea de fortalecer a la Jefatura de Estado. Solo ella, y si acaso los medios de comunicación, pueden sustentar ahora, en estos tiempos de sandez política, el sistema, incluso cuando los medios avivan la polémica sobre la permisividad en los ataques el jefe del Estado. Faltaría más: la libertad de expresión es, debe seguir siendo, el valor primordial a defender, junto con la vida y la integridad física.
