Creo que lo que vaya a ocurrir en el panorama político nacional a partir del próximo día 21 de diciembre tiene más importancia todavía que el resultado de las elecciones catalanas que se celebran ese día. Una vez `vacunados` -parcial y temporalmente, claro-- de la posibilidad de una nueva declaración de independencia unilateral, sectaria e ilegal, pienso que lo esencial es saber cómo piensan las fuerzas llamadas constitucionalistas blindar la democracia en España. Y me parece que la reforma constitucional será la herramienta fundamental para lograrlo.
Por eso mismo, me preocupa altamente la reticencia que, respecto al alcance y prontitud de tal reforma, encuentro en determinados personajes de la política nacional, incluso en alguna formación, señaladamente el Partido Popular. Ya sé que ahora ninguno de los partidos del arco parlamentario español rechaza abiertamente iniciar los trabajos para esa reforma, pero en algunos casos tal aceptación no se hace sin reticencias: ¿hasta dónde se pretende reformar una Constitución que ellos consideran válida? ¿Es qué plazo, teniendo en cuenta que no hay prisa para hacerlo? ¿Hay suficiente consenso para poner en marcha los trabajos hacia la reforma? Etcétera.
Es cierto que las ideas que se barajan y difunden respecto a la reforma son muy variopintas y en algún caso podrían parecer contradictorias. En realidad, sin embargo, son más bien complementarias. Todos los estudios sobre una reforma constitucional que he tenido ocasión de conocer en los últimos meses tienen algo de aprovechable. Cierto que unos ponen el acento en unas cosas -el Título VIII, por ejemplo- y otros, en otras -parte dispositiva, artículos referentes a la sucesión de la Corona o sobre la formación de un nuevo Gobierno- o, incluso, en la parte constitucional que afectaría a la normativa electoral.
Todos estos aspectos, y aun otros muchos, son reformables, sin duda; incluso es imprescindible proceder a una mejora y actualización en estas partes (y en otras, como digo). Alegar que no hay acuerdo `a priori` sobre la totalidad de lo reformable es algo que no hace sino esconder una escasa voluntad reformista. Y es preciso recordar, llegados a esta altura, que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió con el socialista Pedro Sánchez a poner en marcha el proceso que llevará a los cambios... para que se completen esperemos que dentro de esta misma Legislatura. Así, cuando Rajoy disuelva las cámaras, se supone que allá por 2019, se podría aprovechar la ocasión para convocar el preceptivo referéndum sobre modificación de ciertos artículos (la reforma `agravada`) antes de celebrar las nuevas elecciones.
Los más perezosos dicen que todo esto es muy complicado, y que si las cosas van bien, para qué cambiar, cuando, en 2018, se van a celebrar los fastos de conmemoración del cuarenta aniversario de esta Constitución. Precisamente por ello, porque nuestra norma fundamental ya tiene cuarenta años y mucha agua ha pasado bajo los puentes en estas cuatro décadas, es por lo que se hace ya muy urgente proceder a las reparaciones -algunas, como las territoriales y electorales, de mucho calado- que sean menester.
Cierto, no conviene precipitarse. Y también es verdad que las reformas constitucionales no deben venir dictadas por los agobios de la situación catalana. Puede que incluso fuese mejor ir abordando las reformas una a una, con orden y sistema. Pero que no nos digan que este tema, inaplazable, puede postergarse. De ninguna manera; no quiero enfatizar demasiado, pero nos jugamos nada más y nada menos que nuestra democracia en este envite.
