Lo que le espera al prófugo

Lo que le espera al prófugo

Cuando escribo este comentario, forzoso es que reconozca que no tengo una calificación jurídica precisa acerca de los delitos de las veinte personas que en estas horas próximas deben comparecen ante el Supremo o la Audiencia Nacional, aunque entiendo algunas de las pegas que, desde ámbitos mejor fundados jurídicamente que yo, se ponen: excesiva celeridad a la hora de llamar a los investigados para que comparezcan ante el juez, consideración fiscal acaso excesivamente dura, fuero quizá inadecuado. Lo que sé es que vivo en un Estado de derecho, con separación de poderes -es posible que bien que lo esté lamentando en estos momentos Mariano Rajoy- y que los gobiernos no ordenan a los jueces lo que tienen que hacer. Nuestro privilegio es poder discrepar de las decisiones judiciales, tantas veces políticamente inconvenientes, y nuestro deber es acatarlas.
Algo que Puigdemont, a punto de convertirse en prófugo, parece que no está dispuesto a hacer. Y de lo que no puede caber duda, al margen de las simpatías o antipatías políticas en las que te coloques, es de que tanto Puigdemont como los otros veinte llamados este jueves y viernes por los distintos tribunales en relación con el intento de golpe secesionista en Cataluña, han cometido presuntos delitos. Y delitos muy gordos, que la sedición es algo que antaño costaba muy caro y que hogaño tampoco sale barato. Para no hablar, claro, de la rebelión, que es delito del que no estoy seguro de que podamos seguir hablando en estos casos.
Imposible pensar hace un mes en la hipótesis de que el molt honorable president de la Generalitat (ex molt horable ya) pudiese ingresar en prisión. Ni siquiera Jordi Pujol ha visto (¿aún?) los barrotes carcelarios desde el interior, y mira que está incurso en apropiaciones indebidas sin freno. Y, sin embargo, ahora cabe dentro de lo bastante posible que el hombre que ha protagonizado la mayor escandalera política desde el 23-f de 1981 acabe en una celda, acompañado por su vicepresidente y por algunos de sus consellers, además de por varios miembros de la Mesa del Parlament, comenzando por su atrabiliaria presidenta, Carme Forcadell.
Debo decir que no soy partidario del extremado rigor de la ley, sobre todo cuando no conviene: `summa lex, summa iniuria`. Pero, claro, tampoco cabe, en una democracia como la nuestra, por muy imperfecta que sea, la burla constante de la ley. ¿Con qué criterio podría el fiscal pedir nueve años de prisión para el ex presidente de Murcia, pongamos por caso, y dejar pasar como si nada los presuntos delitos de Puigdemont y compañía, sean cuales sean estos delitos, que tampoco hay unanimidad al respecto, aunque delitos vaya si los hay?
Creo que, a estas alturas, por muy poco conveniente que resulte para la tranquilidad definitiva de la `causa catalana`, no queda ya otro remedio que procurar que el ex president de la Generalitat, que tantos errores de bulto ha cometido, y sus acompañantes, que tanto le han incitado por el camino del desastre, hagan frente a sus responsabilidades. No sé si el Estado sabrá luego ser generoso y compadecer al delincuente, sobre todo si conviniese compadecerlo.
Ignoro lo que pasará cuando `los veinte` se enfrenten al magistrado/a: son los togados quienes deciden. Pero sí sé que, por mucho que yo no quisiera ver a nadie entre rejas, habrá de sentirme satisfecho porque la ley, que no sé si siempre es la mejor ley, pero que ahí está, ha prevalecido. Y eso debería servir para normalizar las relaciones entre `Cataluña` y el resto de España, aunque esa Cataluña esté hoy más distante que antes de todos nosotros, y bien que hay que sentirlo.
Horas cruciales vienen para el nuevo `procés`, es decir, el de la normalización de lo que ellos alteraron tanto. Y es que han causado tanto perjuicio a todos y cada uno de nosotros...