Un país necesita una fiscalía fuerte. En mi opinión, si además es independiente -no en todas partes lo es-, mejor. En España, ningún Gobierno ha podido convencer a la ciudadanía, ni a los medios, de que el fiscal general del Estado, designado 'a dedo' por el Ejecutivo, funciona de forma por completo autónoma. Y, de hecho, en la selección de las fiscalías clave por parte del actual Gobierno de Rajoy -o por su mano ejecutora, el fiscal general- se admiten dudas sobre los criterios que se siguieron. Sin duda, la del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, fue un error: su procedencia y antecedentes suscitaban demasiadas suspicacias y sus pasos posteriores, para 'arreglar' su Fiscalía no han hecho sino provocar desastres. Solo por eso, y no por lo de la empresa familiar en Panamá y los cuentos chinos que a este respecto ha ido contando, tendría que haber dimitido hace muchas semanas.
En fin: supongo que bien está lo que bien acaba. Moix ha tenido que dejar el puesto, una vez que hasta su jefe inmediato, el fiscal general Maza, y todos sus compañeros de carrera, le han dejado caer. La siguiente cabeza cortada hubiese sido la del propio Maza si la situación, absolutamente insoportable, de Moix se hubiese prolongado un poco más de tiempo. Nada más peligroso que una 'guerra de fiscales', que ya conocimos en España, recuerden, en tiempos de Felipe González. Las togas, descontroladas, pueden hacer tambalear a un Gobierno, aunque parece que Rajoy no era muy consciente de ello y continuó, hasta última hora, sosteniendo un peón que descomponía toda una buena jugada: en su mejor momento en meses, cuando acababa de sacar adelante los Presupuestos, el inquilino de La Moncloa se enfrentaba, por su propia tozudez, a un escándalo de proporciones crecientes.
Hay otros riesgos para el Gobierno de Rajoy en este 'affaire'. Porque lo que no tiene pase es la guerra de filtraciones, difamaciones, puñaladas traperas y maniobras orquestales en la oscuridad que ha acompañado a Moix hasta el precipicio. Pienso que una de las cosas urgentes que el Gobierno de Rajoy habría de hacer es legislar agravando penas contra quien controlare ilegalmente escuchas y las difundiere para provecho propio o desgracia ajena: la sensación de inseguridad, con tanto informe de la UCO, de la UDEF o de quien fuere, circulando libre y descontroladamente por ahí, se extiende entre los ciudadanos. ¿Cómo apareció, tan oportunamente, el 'affaire panameño' en la biografía de Moix? ¿Cui prodest? ¿A cuál de los muchos enemigos internos de Moix ha beneficiado la revelación de un hecho que ha precipitado su muerte profesional, que ya estaba cantada? Y, a todo esto, el Gobierno, ¿limitándose a verlas venir? ¿Cómo es posible que La Moncloa no tuviese información suficiente acerca de cuáles eran las amistades peligrosas previas y las sociedades pantanosas de nade menos que el hombre encargado de luchar contra la corrupción?
Hora va siendo de que un Ejecutivo afronte que los fiscales, comenzando por el fiscal general del Estado, se elijan de manera más democrática, y me importa poco lo que hagan en los llamados países de nuestro entorno: no puede ser que la sospecha de obediencia ciega al Ejecutivo caiga sobre las sufridas espaldas del fiscal de turno una vez tras otra. Hay que profundizar en la separación de poderes. Y la Fiscalía es pieza sustancial en el arquitrabe jurídico y político español. Esa modificación en el procedimiento implica una leve reforma constitucional, que habría de pactarse entre todas las fuerzas políticas: valdrá la pena el esfuerzo. Porque al menos dos enseñanzas ha de sacar el Ejecutivo de Rajoy de este lance: una, que más vale anticiparse a los acontecimientos inevitables que enrocarse, que es algo que tanto gusta al presidente; y dos, que hay legislaciones que deben cambiarse cuanto antes, porque no resisten a la pereza tradicional de nuestros políticos a la hora de afrontar reformas sustanciales.
