El embrollo jurídico en el que nos estamos metiendo

El embrollo jurídico en el que nos estamos metiendo

Respeto y defiendo la separación de poderes, incluyendo (por cierto) entre tales al llamado `cuarto poder`, no contemplado por Montesquieu; repudio vivamente los intentos de secesión de cualquier parte del territorio nacional; acato la acción de la Justicia, aunque pienso también que es sano criticarla cuando, a nuestro sin duda humilde juicio, lo merece. Faltaría más todo esto que antecede: el mayor de los problemas que empezamos a tener a uno y otro lado del Ebro quienes hemos de analizar las cosas que (nos) pasan, es que, si ejerces esta crítica, desde las redes sociales de sal más gorda acabarán tildándote de `casi separatista`. Claro que, desde la otra orilla, te consideran de manera habitual un `nacionalista español`, enemigo de Cataluña. De ambas municiones ha recibido alguna ración quien suscribe. Y es que no están los tiempos para muchas dialécticas, ya se ve.
Una de las principales consecuencias, aún no del todo visibles, del indeseable `procés` independentista catalán va a centrarse sin duda en el debilitamiento del prestigio del mundo de la justicia. El embrollo en el que nos estamos/nos están metiendo empieza a ser considerable: autos de contenido al menos polémico y quizá extemporáneo de una Sala del Supremo; querella contra el juez instructor Pablo Llarena contrarrestada desde el Gobierno central con una amenaza contra el querellante -el president del Parlament catalán- por ¡malversación de fondos!; prisiones provisionales que se alargan quizá demasiado; controversia con jueces y fiscales de Alemania, quizá también pronto de Bélgica, Suiza, Escocia...; apelación del secesionismo a las Naciones Unidas para que intervenga, etcétera. Y eso, para no abundar en los roces de la Fiscalía General del Estado con el propio Supremo cuando la primera pide la excarcelación, por motivos humanitarios bien comprensibles, de uno de los secesionistas encarcelados y el TS se lo deniega.
No me extraña la confusión que es patente en algunos medios de comunicación extranjeros, donde no parecen entender muy bien los mecanismos judiciales españoles ni la manera de proceder del mundo de los togados; me temo que aquí dentro tampoco se están entendiendo demasiado bien algunas, demasiadas, cosas. No hay aclaraciones, ni desde el Ministerio de Justicia, claramente sobrepasado, se intenta encauzar la torrentera que sobre nuestro mundo judicial ha provocado una situación sin precedentes de desafío a la ley por parte de unos cabecillas independentistas que pensaron que el golpe a un Estado que creían que no era fuerte podría resultar relativamente fácil y quedar impune. Claro que no iba a ser así, pero comprobamos que el propio Estado tampoco está siendo capaz de calibrar y evaluar con exactitud sus fuerzas. Ni de coordinarlas de la manera más conveniente posible.
Asisto estos días a debates jurídicos sin pausa ni casi medida a cuenta de lo que hace o no hace el Supremo (una Sala del Supremo), lo que hacen o no algunos jueces de instrucción y lo que hacen o no -más bien esto último- el Ejecutivo de Mariano Rajoy y los principales grupos de oposición, incluyendo entre ellos a algún grupúsculo situado a la derecha -muy a la derecha y buscando protagonismo en el río revuelto-- del Partido Popular. Desde importantes sectores de la opinión pública y de los medios se adoptan, muy legítimamente desde luego, posiciones que reabren, ahora por cuestiones más o menos leguleyas, un nuevo frente para las dos Españas: ¿cuánta dureza se ha de aplicar a los rebeldes, perdón, a los sediciosos, a los simples malversadores, a los que yo, más allá de disquisiciones, calificaría globalmente de presuntos golpistas en grado de tentativa?
Renunciar a la política del diálogo -ahora hasta esta palabra recibe el menosprecio y la crítica de los sectores más `halcones` en esta contienda entre unos españoles, otros españoles y otros españoles más- en favor del brazo secular de las togas y las puñetas siempre me pareció un error: la ley está para hacerse cumplir -con la discreción y cautela debidas--, y la política para desarrollar el arte de hacer posible lo que parecía imposible y construir puentes sobre aguas turbulentas. Pero ahora nos encontramos con que, equivocados o no, al menos dos millones de catalanes se distancian (más aún) anímicamente de lo que llaman un `Estado judicial`, mientras que otros muchos millones de españoles aplauden el rigor de los magistrados, que, sin duda, ha frenado el golpe, pero temo que apenas durante un tiempo. Con estos criterios inflexibles y estos tambores belicosas, el pacto entre Adolfo Suárez y Tarradellas, que logró treinta años de `conllevanza`, hubiera sido imposible. Pero eran otros talantes, otros talentos y, sin duda, otros tiempos (no más fáciles, ni quizá tampoco más difíciles, que los actuales).
Es necesario un reagrupamiento de la ciudadanía en torno a la institución judicial, en la que hay que confiar sobre todas las cosas. Pero, para ello, lo primero es que entendamos qué, por qué, para quién y contra qué y contra quiénes actúan los jueces, cuyo trazado no siempre parece inequívoco a todos. Y lo segundo es que sería deseable que quienes piden un poco de racionalidad a todas las partes no fuesen tildados, por quienes sienten en sí el ardor guerrero y se titulan como novios de la muerte, casi de traidores, que es algo mucho peor que ser acusado de pusilánime o de buenista.