Reconozcámoslo: todos los meses de agosto -incluso, a veces, ya en julio- todos los gobiernos han aprovechado la agostidad para, con alevosía, urdir manejos de esos que a veces, por las vacaciones, nos pillan algo desprevenidos a los periodistas y a la opinión pública y publicada. Recuerdo, por citar un solo ejemplo entre miles posibles, aquella modificación, pactada entre el Gobierno Zapatero y la oposición Rajoy, hace siete años, para modificar un artículo, el 135, de la Constitución. Ahora se repite la historia.
Lo de hacerle un regate al Senado para mermar la capacidad de veto del PP en una Cámara Alta con mayoría de 'populares' ha sido solamente uno de los ejemplos de esas auto-trampas que un Gobierno se hace. Las que se hace, digo en concreto, el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, ignorante de que estas armas las carga el diablo y, allí donde habías tramado en una conversación 'reservada' con Pablo Iglesias que harías un decreto-ley para 'saltarte' el veto 'popular' en el Senado en la modificación de la senda de déficit, acabas resignándote a tener que tramitarlo parlamentariamente. Porque de pronto te das cuenta de que otra cosa habría sido el gran escándalo de septiembre, al regreso de la ociosidad vacacional.
Que no digo yo que este absurdo driblaje, que le ha costado al Gobierno tener que escuchar de labios de Pablo Casado que se está saltando todas las normas básicas de Montesquieu en aquello de la separación de poderes, haya sido el único patinazo político en este agosto que, a mi entender, está siendo nefasto desde muchos puntos de vista. De la acogida fraternal a los desafortunados del 'Aquarius' pasamos a la expulsión 'en caliente' de más de un centenar de inmigrantes, cuyos comportamientos van haciéndose crecientemente agresivos. Del sugerido impuesto a la Banca pasamos al olvido de esta promesa. En el espinoso tema catalán, hemos logrado la ruptura entre los constitucionalistas, al exigir PP y, sobre todo, Ciudadanos, el retorno al empleo del artículo 155 de la Constitución para frenar los excesos -de momento solo verbales, es cierto- de Quim Torra.
Tampoco digo que sea el Ejecutivo de Sánchez el solo culpable de tanta inseguridad jurídica en lo que a manifestaciones y promesas verbales se refiere, desde luego. Falta clamosoramente un intento de coordinación, de 'buena voluntad', entre las fuerzas políticas: en este país se habla poco y se actúa 'de verdad' todavía menos. Lo que ocurre es que pensar que se puede gobernar apenas con gestos y esperanzas a futuro es pasión inútil, porque luego llega la realidad -véase lo de la salida de Franco del Valle de los Caídos- y te exige el pago de la factura que tú mismo comprometiste. Y menudo lío tener que plasmar en una ley, y luego hacerla cumplir, la abstracción de los cantos de sirena al electorado.
No, no se van a arreglar las cosas con el secesionismo catalán solamente a base de prometer a Torra anular el juicio a Companys, fusilado sin remedio en los primeros tiempos del franquismo, casi ochenta años ya. Ni vamos a aumentar el dañado prestigio del Legislativo español a base de cargarnos el Senado, institución que, desde luego, hay que reformar con urgencia, pero con luz, taquígrafos y debates precisamente en el Parlamento.
Ni dignificaremos el lustre del Judicial negando amparo al magistrado -polémico, lo sé- Pablo Llarena en la reclamación que tiene pendiente en Bruselas tras una acusación del fugado Puigdemont. Ni se arreglará la secular injusticia de la distribución ajena a la equidad de la renta en España sugiriendo aumentar los impuestos 'a los ricos', así, sin más. Y le podría hablar a usted de RTVE, donde casi nadie sabe qué está sucediendo, y de las Sicav, que es fórmula a mi juicio indeseable, pero que hay que debatir donde corresponde, o...
Los graves problemas estructurales de la democracia española, que democracia y no de las peores es al fin, no se solucionan aplicando el destornillador solitario de las maniobras orquestales en la oscuridad -Pablo Iglesias, primer violín- en agosto, cuando el Ejecutivo y sus adláteres creen que nadie mira. Pero sí, alguien se queda siempre de vigía y, para colmo, tras agosto siempre llega septiembre, que es mes en el que todos retomamos los asuntos pendientes y, encima, con la tarjeta de crédito algo abrasada, con lo cual nuestro humor no es de los mejores.
Y ahí es donde los gobernantes, a todos los niveles, tendrían que aplicarse a fondo para recuperar la credibilidad de la ciudadanía, hace tanto tiempo, y con tan sobrados méritos, perdida. No estoy seguro de que abriendo las puertas de los salones de La Moncloa a la curiosidad de los visitantes que se quieran acercar a la Cuesta de las Perdices se vaya a solucionar tan añeja desconfianza 'en los que mandan'.
