A estas alturas del desafío separatista cualquier cosa que se diga sobre el proceso que impulsa el gobierno de la "Generalitat" de Cataluña es una palabra de más. Todo está dicho. En una y otra dirección. Denunciado está el proceso como un intento de golpe de Estado al ralentí y predicado hasta la saciedad el discurso del llamado derecho a decidir, eufemismo que desde su raíz pretende solaparse con el derecho de autodeterminación figura jurídica reservada a territorios en vías de descolonización .Que no es el caso de Cataluña.
Todo está dicho y nada parece suficiente para detener la aceleración del proceso hacia el choque institucional. Hasta Mariano Rajoy, por lo general poco dado a las declaraciones contundentes, ha subido el tono de sus admoniciones recordando que el Gobierno no tolerará la celebración de referéndum. Pero sus palabras se han perdido con el eco. En el bando que alienta la secesión todo son presiones para que el presidente de la "Generalitat" Carles Puigdemont -que a éste paso va camino de hacer bueno el irónico alias de "Putschdemont"- desvele la fecha en la que pretende convocar una consulta contraria al orden constitucional.
En los últimos días en este retablo en el que todo parecía dicho han comparecido los empresarios. Este gremio que llevaba años en régimen de afasia y servidumbre respecto de quienes impulsan el proceso separatista, por boca de Juan José Bruguera, presidente del Círculo de Empresarios, tímidamente se han atrevido a decir lo que todos sabemos: que el cumplimiento de las leyes es la base de la democracia. Conviene recordarlo.
También ha terciado Pablo Iglesias. En su caso para echar gasolina al incendio. Defiende la celebración unilateral del referéndum por considerarlo una "movilización legítima." Sería bueno que repasara sus apuntes de cuando estudiaba Políticas y revisara en qué consiste y a quien ampara el derecho de autodeterminación. Le iría mejor a España y de paso a Podemos al que desde Vistalegre II guía como si fuera el flautista de Hamelín.
