Valiente y arriesgado el compromiso asumido por Cristina Cifuentes para acabar con la corrupción detectada en el ámbito del que procede y en el que ahora ejerce una jefatura importante como presidenta de la Comunidad de Madrid. Ése ámbito no es otro que el PP, partido que tiene procesados a una decena larga de antiguos dirigentes acusados de diversos delitos todos ellos relacionados con casos de enriquecimientos ilícitos. Dos de esos dirigentes, Ignacio González y Francisco Granados, están en prisión y el primero de ellos, precedió a Cifuentes en la presidencia de Madrid. No queda ahí la cosa.
Cabe recordar que el PP nacional está también en juicios ("caso Gürtel", "caso Bárcenas") vinculados con la presunta financiación ilegal del partido. En este último procedimiento está citado a declarar el propio Mariano Rajoy en su condición de presidente de la organización.
Así las cosas, se entenderá que el compromiso de Cristina Cifuentes para acabar con la corrupción haya que tomarlo con cierto grado de escepticismo. No por ella. No poniendo en duda su determinación -la demostró al poner en conocimiento de la Fiscalía la trama corrupta que llevaba años saqueando el Canal de Isabel II- sino porque el empeño se revela hercúleo. El factor humano, es por naturaleza imprevisible.
¿Quién iba a pensar que al tiempo que lanzaba proclamas de regeneración democrática Ignacio González mantenía una cuenta cifrada en Suiza? Y a ese factor hay que añadir la servidumbre de partido. Denunciar al corrupto cuando ocupa cargo y es un compañero de partido supone poner en la picota al grupo dando de paso ventaja a los adversarios políticos.
Si quiere cumplir con su promesa la presidenta Cifuentes tendrá que luchar contra el "patriotismo de partido", equivocado sentido de la lealtad entre correligionarios. Ese "patriotismo" es el que explica el silencio con el que tropezó Jesús Gómez (diputado regional del PP) cuando puso en conocimiento tanto de Esperanza Aguirre como de Carlos Floriano que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza. No le creyeron ni dieron cuenta a la Fiscalía para que investigara. Quisieron evitar el escándalo y sus consecuencias políticas y, ahora, como dejó dicho a otros efectos Winston Churchill, tienen el escándalo y están pagando las consecuencias. No se puede acabar con la corrupción por decreto. Encomiable pero difícil tarea la que ha comprometido la presidenta Cifuentes.
