Opinión

A cualquier precio

A juzgar por los últimos movimientos se diría que el Gobierno que preside Pedro Sánchez está desarrollando una estrategia que a largo plazo podría culminar con el indulto a los políticos catalanes pendientes de juicio por su participación en los actos sediciosos de hace un año. A corto plazo, en términos tácticos, las acciones necesarias para allegar este objetivo las estamos conociendo a través del ramillete de declaraciones de diversos ministros y algún dirigente socialista coincidentes todas ellas en la conveniencia de aplicar medidas de gracia a los políticos encarcelados y procesados por presuntos delitos de rebelión o sedición. El hilo conductor de las declaraciones es similar: poner fin a la prisión preventiva si se demorara el juicio (opinión de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo), o en la misma línea, declaración de la ministra Meritxell Batet afirmando que sería más fácil "hacer política" si no hubiera políticos presos. Otros han ido incluso más allá declarándose partidarios del indulto antes incluso de la celebración de los correspondientes juicios. Tesis expuesta por Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña.
Dado el momento político en el que nos encontramos: el Gobierno pretende presentar unos Presupuestos para cuya eventual aprobación necesitaría los votos de los diputados independentistas (9 de ERC y 8 del Pde Cat), no hace falta ser el vigía de la nave Argos para avizorar que Pedro Sánchez, a semejanza de Jasón, está dispuesto a pagar cualquier precio por conseguir sacar adelante las cuentas del Reino y, de paso -verdadero objetivo estratégico- mantenerse en La Moncloa.
Que en el desarrollo las maniobras tácticas orientadas a culminar el objetivo estratégico se generen efectos colaterales perversos, parece que está siendo un perjuicio asumido por el hoy Presidente del Gobierno. El primero de esos efectos indeseables es la clara intromisión del Ejecutivo en el ámbito de otro de los poderes del Estado. El Poder Judicial. Dejar caer ante la opinión pública que a varios miembros del Gobierno les parece mal que el juez que instruye la causa de los presos independentistas (Pablo Llarena) dictara para ellos prisión preventiva, no contribuye a reforzar la confianza en el recto e independiente proceder de la Justicia.
En realidad, llueve sobre mojado. Porque en la misma línea de querer congraciarse con los partidos secesionistas habría que situar el penoso episodio protagonizado por la ministra de Justicia (Dolores Delgado) cuando en su día y con el peregrino argumento de que se trataba de una "cuestión particular", pretendió dejar sin el amparo del Estado al juez Pablo Llarena en la querella que le había puesto en Bélgica Carles Puigdemont, el prófugo ex presidente de la Generalitat. En aquella ocasión el clamor desatado y las más que razonables quejas de las asociaciones de jueces y fiscales obligó al Gobierno a rectificar. 
Ya digo que era un producto de la misma estrategia encaminada a tener contentos a los independentistas de los que depende su continuidad. Y va camino de ser tendencia. Pedro Sánchez está dispuesto a seguir en el Gobierno a cualquier precio. Una determinación que puede ser lesiva para los intereses generales del país. Por eso es urgente la convocatoria de elecciones. "Cuanto antes", como él mismo se comprometió en un día hoy olvidado.

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