Lo que suceda este martes en el Parlamento de Cataluña y la consiguiente respuesta que se vea obligado a dar el Gobierno de España acrecentará aún más, si cabe, la grave crisis institucional que se vive desde hace tiempo debido al desafío secesionista planteado por el Gobierno de la Generalitat y los partidos independentistas y antisistema que le apoyan. En la diabólica lógica de las cosas está que Puigdemont aproveche su comparecencia este martes en el Parlamento para declarar de una u otra forma la independencia de Cataluña. Ha ido demasiado lejos el todavía Presidente de la Generalitat y sus socios de viaje para, a última hora, echar el freno de mano y no plasmar esa declaración de independencia. Que esta sea más o menos rotunda, que se formule en diferido, que se fijen unos plazos para llevarla a la práctica, es lo de menos. Lo de más, es que el independentismo catalán, después del esfuerzo que tuvo que hacer para votar en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, no puede detenerse. Es un movimiento que necesita estar continuamente avanzando porque de lo contrario perdería su propia esencia y razón de ser. En los últimos días ha habido dos hechos muy relevantes que, evidentemente, han empañado la euforia de los independentistas tras el referéndum ilegal del 1-O. Por un lado, la decisión de los principales bancos y empresas de Cataluña de trasladar su sede social fuera de esa Comunidad Autónoma debido a la gran inquietud y riesgos que generaba para sus clientes y para su propio negocio la previsible declaración unilateral de independencia. En segundo lugar, la impresionante manifestación celebrada este pasado domingo en Barcelona, donde cientos de miles de personas -de Cataluña y de otros puntos de España- dejaron claro que hay una parte muy importante de la sociedad catalana que no quiere la independencia y que quieren seguir formando parte de España. A unos responsables políticos "normales", ambos hechos les tendrían que llevar lógicamente a la reflexión y al replanteamiento de su loca aventura secesionista. Pero es que no estamos hablando de personas "normales", sino de unos fanáticos que ponen por delante el sentimiento nacionalista a cualquier otra consideración. La patria por encima de las personas; los ideales independentistas por delante de los derechos más elementales; los intereses partidistas sustituyendo y anulando al bien común de todos los ciudadanos, sean nacionalistas o no. Ante esto, no queda otra solución, como el Rey enfatizó su discurso del pasado martes, que las autoridades y los poderes legítimos del Estado restituyan la ley y el orden constitucional en Cataluña. Esa tarea le corresponde liderarla al Presidente del Gobierno, por lo que es de esperar que Rajoy salga de inacción y cumpla con su deber si este martes Puigdemont declara unilateralmente la independencia.
