¡Y más impuestos!

¡Y más impuestos!

La subida de impuestos confirmada la semana anterior por la ministra de Hacienda, únicamente va contribuir a disminuir la renta disponible de los españoles y a reducir la competitividad de las actividades económicas, así de claro.
Nos asfixian fiscalmente y sobre todo a las economías más débiles, digan lo que digan y como lo digan. Y pongo un ejemplo de carga impositiva tomando como referencia la administración más próxima al ciudadano que es la administración local, y  focalizando en mi ciudad, Ourense. Pues bien, nuestra capital de provincia es la que más impuestos paga por habitante de todas las capitales de provincia en Galicia: Hasta 395,60€ por ourensano de media, y solo de tributos locales, frente a los 323,19€ de Pontevedra. Por lo que mi primera pregunta es: ¿Dónde está la promesa de una reforma de la fiscalidad municipal para beneficiar a los sectores sociales más necesitados? Nada se sabe hasta hoy, y los datos que acabo de dar del Consejo Nacional de economistas deja a nuestra ciudad, Ourense, a los pies de los impuestos, destapando así los crueles engaños a los que nos someten.
Pero no se trata sólo de enfatizar en la ineficiencia e ineficacia de nuestros responsables públicos, sino también en aportar, por lo que creo interesante analizar la posible remunicipalización de los servicios, y comienzo. Las demandas de remunicipalización de servicios públicos municipales no dejan de ser una moda. Pero todos sabemos que la opción de privatización se basa en razones de ineficiencia de gestión la gestión pública frente a una gestión privada con flexibilidad de sus estructuras, optimización de los recursos, minimización de costes, mayor productividad junto a las ventajas que supone la concurrencia empresarial en la licitación.
Para cambiar el sistema de gestión, remunicipalizar en su caso, la normativa actual exige una memoria justificativa de que obtendrá una mayor eficiencia (costes y beneficios) y sostenibilidad. Y es ahí donde esa opción (re municipalizar) me parece inviable. Ahora bien, nada impide incluso sería positivo plantear el debate pues permitiría a la sociedad en general, acceder a una reflexión sobre la actual gestión privada de los servicios municipales.
No obstante, elegida la opción de gestión indirecta a través de una empresa privada, no puede una administración local adjudicar un servicio y luego mostrarse pasivo en el control de las empresas adjudicatarias.
Si un gobierno municipal no controla la gestión de los servicios privatizados, los vecinos se alejan de las decisiones que sobre ellos se toman. Y abro estas reflexiones a tenor de la reciente operación policial de la UDEF la semana anterior, en más de 40 ayuntamientos de toda España, y que según la fiscalía anticorrupción la investigación se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico como, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.
Estos hechos investigados, según la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal. ¿Entendemos ahora de lo que estamos hablando?