El Área Metropolitana de Vigo ha dado el paso definitivo para implantar el plan de transporte metropolitano, con un acuerdo formalizado entre los 23 ayuntamientos participantes de forma unánime, y en el que están integrados doce de los 14 municipios del Área de Vigo.
Mientras ,en mi ciudad, Ourense, que aún a estas alturas no se haya materializado un transporte metropolitano en la ciudad y ayuntamientos limítrofes es surrealista ,por no decir directamente desidioso y negligente por parte de los responsables que directamente tienen la protestad de ponerlo en funcionamiento.
Que 130.000 potenciales usuarios de un transporte metropolitano que prevé dar servicio a siete ayuntamientos conjuntamente con Ourense, abaratando y facilitando así la movilidad de más de 10.000 trabajadores y trabajadoras ourensanos que realizan sus actividades laborales en las empresas ubicadas en los diferentes polígonos y parques empresariales colindantes a la ciudad, y que dicho transporte sea solo un proyecto no realizado a día de hoy después de años y años de marear la perdiz, deja muy mal parados a nuestro gestores de lo público en la actualidad, siendo el Concello de Ourense el primer responsable de tanta ineficiencia. Facilitar y contribuir a economizar la movilidad de los ciudadanos en sus desplazamientos laborales es de sentido común en un contexto de precaria situación económica en la provincia con la renta percapita más baja de todo el estado .
Pero está claro que el sentido común y el rigor en la gestión de lo público escasea y para muestra el despropósito denominado Val da Rabeda. Un "polígono fantasma", al lado del parque tecnológico ,y que costó más de 18 millones de euros de dinero público y que a día de hoy puedo decir que es "el tojal más caro" de toda la provincia de Ourense y seguramente de toda España. Tojal, que en el colmo de los colmos, nos presentaban a finales del 2006 como una de las actuaciones más ambiciosas para conseguir captar empresas. Expectativas virtuales que recuerdan y guardan un chocante paralelismo con la construcción faraónica de los aeropuertos vacíos sin pasajeros en varias ciudades de nuestro Pais. Así, la cruda realidad, constata a día de hoy, que el parque empresarial de Taboadela y el campus industrial de Paderne de Allariz, con más de un millón de metros cuadrados y que tenía un plazo de ejecución desde el 2009 al 2012, sigue en espera pese a que el gasto en la adquisición de los terrenos supero los 10,2 millones de euros, a los que se añadirían 6,3 millones más para la construcción de las conexiones exteriores. Un tojal, -a mayores de su coste de expropiación-, que está atravesado por dos líneas de alta tensión, con la existencia de yacimientos arqueológicos, y con unos costes de urbanización inasumibles para ninguna administración por su complejidad topográfica y su impacto medioambiental.
Y mi pregunta es; ¿qué responsabilidades económicas e incluso penales se derivan de actuaciones públicas tan desastrosas y que perjudican más que notablemente a las arcas que recogen el dinero de nuestros impuestos? ¿Son impunidades mal consentidas a los gestores de lo público? Pues que cada palo aguante su vela por las que puedan venir.
